Ley ambiental está engavetada en la Asamblea

En la vía administrativa es alta la cantidad de quejas por daños ambientales, las que generalmente no se denuncian en el Ministerio Público.
El fiscal de delitos ambientales, Giovanni Olmos, asegura que la mayoría de los casos tienen relación con la extracción ilegal de arena, las concesiones ilegales de madera y el tráfico de especies.
Sin embargo, la mayoría de estos delitos se quedan en el ámbito administrativo y es por eso que las estadísticas de denuncias en la Fiscalía Quinta de Circuito son bajas.
Aunque Olmos destaca la importancia de perseguir los delitos ecológicos, en el 2003 se aprobó una ley que los tipifica, pero que fue vetada parcialmente por la presidenta Mireya Moscoso. Desde esa fecha el pleno legislativo lo mantiene archivado, pese a que la propuesta estuvo en discusión durante cinco años antes de ser llevada a la Asamblea.
Desde 1999 se comenzó a estudiar los delitos ambientales y se comprobó que estaban mal configurados porque las sanciones eran propias de la justicia administrativa, aunque estaban dentro del régimen penal.
La Fiscalía Quinta atendió el caso de delitos contra dos reservas, Filo del Tallo y Canglón, en Darién, donde se acreditaron delitos contra la vida silvestre, y el incendiarismo sobre vida forestal y factores biológicos.
El otro caso es dentro del Parque Nacional Isla Coiba, por pesca ilegal. Se agregan las denuncias como la de Coca Cola y AES, por vertir productos químicos e hidrocarburos, respectivamente, a los recursos hídricos.