Ley contra Jácome queda en suspenso

EN MANOS del magistrado sustanciador, Alberto Cigarruista, está si se suspende o no por inconstitucional la ley 53 del 20 de diciembre que establece que el director y subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ) serán nombrados por la Procuradora de la Nación.
El abogado Miguel Antonio Bernal, explicó que la demanda deberá ser enviada a la Procuraduría de la Administración para que emita su concepto, luego retornaría al magistrado sustanciador, posteriormente se abre a alegatos y después se emitirá un proyecto de fallo.
"Es un primer paso necesario que puede abrir a que se declare la inconstitucionalidad de la ley", expresó.
Dijo que por el momento no ocurrirá nada con lo actuado por la Procuradora, pero que si la ley es declarada inconstitucional todo lo actuado en dicha ley podría "venirse abajo".
Por su parte, el abogado Higinio Aguirre Caballero, expresó que el hecho de que la Corte haya admitido la demanda presentada por Bernal no significa que él, como proponente de la acción constitucional tenga la razón.
De la misma manera, opinó Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia agregando que la única conclusión a la que se puede llegar con la acción de la CSJ es que la demanda cumple con todos los requisitos que exige el Código Judicial (Artículo 2560 y concordantes) para que proceda este tipo de acciones.
Para que se considere la demanda viable el magistrado sustanciador debe tomar aproximadamente de tres a cuatro meses para opinar y emitir su concepto, ya se a favor o en contra.
La primera medida que tomó la procuradora de la Nación, luego de aprobada la ley, fue destituir al subdirector de la PTJ, Erick Bravo.