El defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, dijo que la recién aprobada Ley de Transparencia no ha sido efectiva aún, pues los objetivos que se planteaban a través de ella, que brindaban accesibilidad a todos los ciudadanos en calidad de auditor para conocer cualquier información del estado, no ha funcionado.
Tejada detalló que los casos de corrupción en el país son un mal global que viene debilitando las instituciones estatales, lo que se convierte en la principal incertidumbre de la población, que cada vez más clama porque estos problemas se atiendan y no continúen afectando la imagen y el funcionamiento del Estado.
Indicó que lastimosamente, luego de la aprobación o reglamentación por parte del Ejecutivo, esta ley se convirtió en la primera limitación al derecho de libre información.
Señaló que este problema ha sido elevado ante la Corte Suprema de Justicia para que sea atendido, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta al respecto, por lo que espera que este órgano del Estado juegue su papel y así poder disfrutar del derecho que proclama.
Advirtió que se han dado muchos inconvenientes en ese sentido, pues, más que un problema de ley es un problema cultural por parte del funcionario.
