Todo aquel que secuestre y traslade a personas para su explotación comercial en el país podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel.
Este castigo se estableció en la Ley 79 de 2011, que empieza a regir a partir del 1 de enero, un documento que se consensuó entre varias instituciones del Estado, agrupaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, 2.4 millones de personas son víctimas de la llamada “trata de personas” en todo el mundo; es decir, la tercera actividad ilegal más lucrativa, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas.
Actualmente, las investigaciones por estos casos se realizan bajo los cargos de explotación sexual comercial, y el expediente lo maneja la Fiscalía Primera de Circuito Penal.
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, quien fue uno de los miembros de la comisión técnica que redactó la ley, aseguró que con esta normativa se pretenden abarcar las diferentes modalidades de la trata de personas que antes no se podían perseguir.
Aguilar citó como ejemplo la ausencia de datos o registros sobre tráfico de órganos en Panamá, ya que no estaba tipificado en ninguna normativa penal panameña. “Son aspectos que hay que tomar en cuenta, ya que en algunos países de la región sí se registran casos de esta naturaleza, y en ocasiones se pedía el apoyo a Panamá, pero por no tener esta modalidad tipificada, no se podía hacer mucho”, detalló Aguilar.
El fiscal explicó que entre las modalidades de este delito a perseguir están: la explotación sexual, la explotación laboral, la esclavitud, los trabajos de servicios forzados, el matrimonio servil, la mendicidad, la extracción ilícita de órganos y la adopción irregular.
El matrimonio servil o forzado está establecido en esta ley como la práctica de matrimonio o unión sin derecho a oponerse, a cambio de dinero u otro beneficio; o cuando una persona contrae matrimonio bajo engaño.
