El Decreto-Ley 2 Orgánico del Servicio de Protección Institucional (SPI) que expidió el mandatario Ernesto Pérez Balladares resta poderes a los próximos gobernantes sobre este organismo de seguridad.
El Decreto 42 que emitió en su momento el presidente Ernesto Pérez Balladares señalaba que "el Servicio de Protección Institucional tendrá las funciones específicas de Guardia Presidencial y mantendrá la seguridad personal del presidente de la República en todas las circunstancias".
Mientras que el nuevo Decreto modifica esto y destaca que su función principal es: "Garantizar la preservación del orden constitucional en la República de Panamá". No obstante, añade que el presidente es la máxima autoridad del SPI y dispondrá del mismo para la defensa de la democracia y la conservación del orden público, en cumplimiento de la Constitución y las leyes.
El actual jefe del SPI, Luis Varcacía, ha declarado que el fin primordial de modificar el decreto expedido por Endara es eliminar el carácter de "guardia pretoriana" que tenía, ya que debía obedecer al presidente de la República aunque éste hubiera sido enjuiciado y destituido de su puesto por la Asamblea Legislativa.
Añadió que el mencionado decreto no hablaba por ningún lado de que el SPI debía estar subordinado a la Constitución Nacional, sino garantizar la seguridad del mandatario "en todas las circunstancias".
El Decreto-Ley 2 fue emitido por Pérez Balladares el 8 de julio pasado, mediante el uso de los poderes extraordinarios que le confirió la Asamblea Legislativa, y el mismo fue promulgado en la Gaceta Oficial el sábado 10.
No obstante, el futuro jefe del SPI, Carlos Barés, restó importancia a estos cambios y dijo que el decreto mantiene la esencia la obligación de este organismo de velar por la institucionalidad del país y el cumplimiento de la Constitución Nacional.
El Decreto-ley 2 indica que el SPI deberá también preservar la vida e integridad física de los expresidentes de la República, quienes escogerán hasta ocho escoltas. Igual derecho tendrán los exvicepresidentes que hayan sido encargados de la Presidencia, quienes contarán con hasta cuatro seguridad por cinco años.
También tienen derecho a cuatro escoltas del SPI, los exdirectores de esta institución, quienes gozarán de este derecho por tres meses por cada año de servicio que hayan prestado y a los exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.
