El procurador José Antonio Sossa solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el último párrafo de la Ley No. 61 de 20 de agosto de 1998 (Ley Faúndes), que excluye de la aplicación de esta norma a los docentes de las universidades estatales y funcionarios diplomáticos.
Al emitir concepto dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Nánder Pitty, Sossa sostiene que al no establecer la obligación de retiro para estos funcionarios al cumplir los 75 años de edad, se viola el principio de igualdad ante la ley.
Por otro lado, un listado con los nombres de funcionarios a quienes se les debe aplicar la Ley Faúndes circulará la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher.
Aunque no reveló los nombres, sí puntualizó que el separado magistrado César Pereira Burgos, no es el único que calificaba para aplicarle esta ley.
(en el archivo de audio, declaraciones de la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher)
