El pleno legislativo aprobó ayer en segundo debate un proyecto, mediante el cual se ordena la derogación total de la Ley 61 de agosto de 1998 mejor conocida como "Ley Faúndes".
A través de esta ley se ordena que cualquier profesional mayor de 75 años de edad que labore en una institución pública, debe abandonar el cargo y acogerse a una jubilación.
José Luis Fábrega, proponente del proyecto, expresó que aunque la intención primordial de esta propuesta no es beneficiar o perjudicar al magistrado, reconoció que podría ser uno de los que se beneficie con esta norma en el caso que el pleno legislativo decida absorverlo al momento que se reinicien las sesiones judiciales.
Lamentó que en el caso de la Universidad de Panamá muchos profesores han tenido que renunciar de sus cargos como docentes por superar los 75 años de edad, pero este proyecto no es retroactivo y no se puede obligar a que estos docentes sean reintegrados a sus cargos.
En todo caso éstos tendrían derecho a aplicar nuevamente por una cátedra o tratar de recuperar su puesto de trabajo.
Teresita de Arias, legisladora demócrata cristiana, se mostró en contra de la derogación de esta ley, al considerar que hay profesores en la Universidad de Panamá, y otras instituciones educativas que a sus ochenta años no están en capacidad de dictar una clase, pero se niegan a abandonar la cátedra y se aferran al cargo, impidiendo que jóvenes profesionales tengan acceso a un puesto de trabajo.
Arias reconoció que hay excepciones, personas que a los ochenta o noventa años, todavía están en capacidad de brindar sus conocimientos, pero esas son las excepciones y no se puede legislar para estos grupos.
El legislador Fábrega manifestó que en estos casos corresponde a los centros universitarios fijar sus métodos para mantener la competitividad y los niveles necesarios para lograr el rendimiento requerido.
El magistrado José Manuel Faúndes fue separado del cargo en agosto de 1996 a la edad de 79 años, fecha en que la Asamblea Legislativa decidió iniciar un proceso por los supuestos delitos de corrupción de funcionarios, abuso de autoridad e infracción de deberes del servidor.
