Libertad de movimiento, derecho al trabajo, y a una mejor calidad de vida podrán aspirar las 899 personas que forman parte de una oleada de colombianos que llegaron a Darién hace 14 años, bajo el estatus de Protección Temporal Humanitaria (PTH), pero que contrario a lo que esperaban, quedaron presas en diferentes comunidades fronterizas con Colombia.
El grupo provenía del Chocó, en Colombia. Huían de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Gobierno de ese entonces le dio protección humanitaria como parte de un acuerdo binacional (Colombia-Panamá), pero quedaron sin libertad de movimiento, sin estatus.
Ahora, el Gobierno quiere revertir esta situación de abandono por años. El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley para que quienes estén bajo el PTH logren su residencia permanente en el país.
Para Irvin Choy, director de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), el Gobierno ha hecho una ley de justicia, con carácter excepcional para que estos ciudadanos puedan aplicar al estatus de residente permanente en la República de Panamá.
"Ellos están prácticamente presos en esas áreas. No se pueden movilizar", afirmó.
Tienen que solicitarle un permiso y luego él debe notificar al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para consumar la movilización. "Tienen 14 años de estar en eso. Yo lo llamaría un campo de concentración", manifestó.
Estos PTH viven en las comunidades fronterizas de Jaqué, Boca de Cupe, Yape, El Real y La Palma en la provincia de Darién, y en Puerto Obaldía en San Blas. No pueden ir de un pueblo a otro, a la escuela, universidad, hospitales, traslados por enfermedad, trámites, hasta para un sepelio necesitan el permiso de ONPAR.
Para agilizar los permisos, por la urgencia y la distancia, llama por teléfono porque muchas veces "están muy enfermos, se están muriendo. ¡Qué vamos a hacer, la Policía allá es más fuerte!, se lamenta Choy.
El rigor es tal que ni los muertos pasan. Hace un mes murió un niño, y Senafront solo le dio paso al recibir la nota de ONPAR.
Reacciones.
Para la representante en Panamá de la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado (ACNUR), Nathalie Karsenty, el compromiso del Gobierno es una muy buena noticia .
“Una persona no tiene un derecho de asilo real si no tiene apoyo para sobrevivir", expresó.
"No hablamos de migrantes económicos que quieren mejorar su vida. Esta ley es esencial para que se les permita acceder a sus derechos”, dijo Karsenty.
Para Maribel Jaén, directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, la iniciativa es muy positiva porque han estado en el país en unas condiciones infrahumanas; al no ser reconocidos como ciudadanos, se les negaba el derecho de trabajar y, en consecuencia, de atención médica.
"Como Iglesia católica lo valoramos porque han sido pueblos que han sufrido por la guerra y el gobierno" , y recibirán los servicios básicos para seguir desarrollando su vida, aseguró.
Casos.
Pese a las restricciones, Choy comenta que ha habido algunas excepciones, como es el caso de dos familiares de Víctor Alcázar, quien a la salida de ONPAR se quejaba de que los jóvenes no quieren ser aceptados en la escuela por falta de documentos.
Según Choy, están trabajando en la certificación, pero no puede ir contra el desconocimiento de funcionarios de Educación, sobre el estatus de los PTH.
El director del centro escolar debe verificar y no automáticamente cerrarles las puertas, ya que riñe con el derecho universal a la educación. “Es como que vaya al hospital y no lo quieran atender”, dijo.
Los jóvenes reciben un subsidio escolar del Vicariato de Darién, el que no cubre el 100% de sus necesidades, pero ayuda.
