La ley que promueve la modernización del sistema penitenciario debe ser examinada minuciosamente por el Ejecutivo antes de ser sancionada, porque consigna a los directores del sistema correccional funciones que son propias de los jueces, dijo ayer el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez.
Según Vásquez, estas funciones están claramente establecidas por la ley y la Constitución y consideró que al Procurador General de la Nación le asisten fundadas razones para solicitar que se vete el proyecto de ley.
"Quienes deben otorgar esas medidas (rebajas de pena) son los jueces, o en su defecto y si está bajo su competencia, los fiscales o personeros", explicó el abogado.
Vásquez recordó el caso, donde a través de un decreto, el Ejecutivo ofreció a un recluso una rebaja de pena que generó muchas controversias, e incluso, obligó a tomar los correctivos.
"Entonces, las nuevas facultades consignadas en la ley recién aprobada rebasan el marco administrativo, e incluso constitucional dado al Ejecutivo", reiteró.
Explicó que actualmente la Comisión de Derecho Penal y Penitenciario del Colegio de Abogados se encuentra analizando la norma para hacerle unas recomendaciones a la presidenta Mireya Moscoso que podría ser el veto total o parcial.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Felipe Cano, solicitó a la mandataria Mireya Moscoso que no preste atención a la solicitud del procurador de la Nación, José Antonio Sossa, y que sancione el proyecto de ley que crea el Sistema Penitenciario.
Sería "injusto" que un proyecto de ley que consta de más de cien artículos sea vetado, sólo porque Sossa o el Ministerio Público no estén de acuerdo con un artículo.
Indicó que en el momento que se discutió el proyecto de ley en el pleno de la Asamblea Legislativa, los representantes del Ministerio Público hicieron sus propuestas, sin embargo, en el caso de la inclusión del juez de ejecución de pena que ahora reclaman, no lograron los votos necesarios.
El procurador Sossa envió una carta a la presidenta Moscoso en la cual solicitó que se vete el proyecto de ley, al considerar que es contrario a las normas legales otorgar al director del Sistema Penitenciario la potestad de conceder permisos de salida a los reos.
Cano dijo que este proyecto de ley es producto de más de diez años de consultas entre los diferentes sectores involucrados y meses de discusión tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en el pleno legislativo, por lo que considera que no sería conveniente.
Recomendó que se sancione el proyecto de ley y que posteriormente se le incluyan las modificaciones que recomienda el procurador en el caso que se demuestre que no sean positivas para el funcionamiento del sistema.
Indicó que la ley vigente tiene más de sesenta años de regir el Sistema Penitenciario y no sería lo mejor que siga vigente cuando ya existe una norma moderna que pueda remplazarla.
El legislador manifestó que más del 95% de lo aprobado en el proyecto de ley es producto del consenso logrado entre los representantes de los diferentes sectores que participaron en la discusión de la propuesta, por lo que se espera que sea conveniente para el país.
