M ientras el Ejecutivo afina el nuevo proyecto de "movilidad urbana" para mejorar el sistema de transporte, los usuarios claman por la reglamentación de la ley de transporte.
Y es que a pesar de que esta ley tuvo un plazo de 90 días para que fuera reglamentada, este tiempo venció el pasado mes de enero, por lo que la norma actualmente tiene una mora de dos meses.
Ante esto, David Ramírez, presidente del Comité 23 de Octubre considera que la no reglamentación de la ley por parte de las autoridades da muestras de una actitud "poco solidaria e irresponsable".
Para Ramírez esta norma es de suma importancia, porque brinda un marco jurídico que permite a la población exigir con propiedad ante las situaciones o deficiencias que presenta el sistema de transporte.
Indicó que esta medida consta de tres puntos importantes o "sensibles": el primero trata del seguro de vida: en este punto se tiene que establecer el tipo de seguro que van a tener los pasajeros, la cobertura y la prima que debe pagar el transportista; el segundo, la educación vial: la autoridad tiene que establecer los planes de enseñanza, además de cómo se va a cambiar la mentalidad de agresividad que hay en el transporte público. El tercero trata de la inspección de los vehículos, con lo que se busca verificar que los autobuses que actualmente están circulando cumplan con todos los requerimientos mecánicos y de seguridad.
Ramírez destacó que aunado a los artículos anteriores, los usuarios trabajaron en dos artículos más que se refieren a la actividad de valor agregado que ofrecen algunos supermercados (transporte gratuito a clientes) y la actividad auxiliar de conductor (pavo). La primera trata de que el transporte que brinden los servicios a sus clientes solo tengan una ruta . El segundo trata de que los "pavos" cumplan con su papel de ayudar al pasajero a abordar y bajar de los buses.
