El decano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, Claudio Grossman, de visita en Panamá, reiteró ayer el interés del organismo en que se deroguen las leyes de desacato que penalizan la calumnia e injuria.
"La visión de la Comisión es que las leyes de desacato criminalizan las críticas a las autoridades públicas y deben ser eliminadas", acotó Grossman.
Puntualizó que las autoridades deben estar más sujetas a las críticas de los civiles porque se pueden establecer responsabilidades, pero no de carácter penal.
Acotó que la autoridad está para servir a la gente y todos deben sentirse en libertad de emitir sus críticas.
El organismo se reunió ayer "puertas cerradas" con los desempleados del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, quienes solicitaron se cumpla con la sentencia emitida por este organismo de pagarles tres mil balboas por daños y perjuicios a cada afectado.
"El Estado panameño lleva más de 30 días de estar incumpliendo esta sentencia, lo que demuestra que no existe un verdadero equilibrio y equidad en la administración de justicia", afirmó Rolando Gómez, comisionado de las víctimas de la Ley 15 de 1990.
También se apersonó al lugar el presidente del Movimiento de Jubilados Independientes, Eladio Fernández, quien acusó a la presidenta Mireya Moscoso de "genocidio" por negarse a aumentarles B/.40.00 en sus pensiones.
"Ella nos está condenando al hambre", planteó Fernández.
Otro de los quejosos fue el director del diario El Universal, Carlos Ernesto González de La Lastra, quien presentó pruebas de un supuesto acoso económico e intimidación del Gobierno contra este periódico.
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