WASHINGTON--El secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, aprovechó la clausura de la reunión anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presencia de delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para alabar la actitud de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la propia OEA, por su efectiva labor en denunciar las tentativas de restringir los derechos de la prensa.
Reiterando que la libertad de expresión es fundamental en la tarea de construir la democracia, Gaviria deploró que Latinoamérica se hubiera convertido en el continente más peligroso para el ejercicio del periodismo, a pesar de los avances registrados en los últimos años.
La libertad de expresión, consideró, es "una cuestión relevante y urgente" para el hemisferio occidental, donde los últimos 20 años hubo más de 150 asesinatos de periodistas.
"Y a nivel de gobierno, es indispensable señalar que existen todavía otras amenazas, como la aplicación de la censura previa y las leyes de desacato", destacó el ex presidente de Colombia.
La semana pasada, Santiago A. Cantón, el relator especial para la Libertad de Expresión, expresó su seria preocupación por las amenazas y acciones legales por desacato que esgrimen funcionarios en Panamá y Costa Rica contra la prensa por supuestas injurias.
Aunque Gaviria personalmente nombró a Cantón, un destacado abogado con experiencia en organismos defensores de los derechos humanos, fuentes diplomáticas advirtieron que por algún tiempo delegados ante la OEA expresaban dudas sobre la autonomía de la que éste gozaba en el nuevo cargo.
Gaviria enfatizó que uno de los principales empeños de la OEA es acabar con el terrorismo contra los medios informativos y conseguir el respecto universal para el ejercicio de la libre expresión.
El secretario general fue el principal orador en un acto de clausura de la reunión anual de la CIDH que se combinó con la presentación de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, realizado el fin de semana en la sede de la OEA. También asistieron dirigentes de la SIP además de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los funcionarios de la Relatoría para la Libertad de Expresión."Los estados tienen la obligación de respetar el ejercicio de la libertad de expresión," destacó Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente y director general de El Universal de México y vicepresidente de la SIP y uno de los principales promotores de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, un documento designado a consagrar los derechos informativos del individuo ante el Estado.
La declaración, señaló, establece, entre otras cosas, que el acceso a la información en poder del Estado, "es un derecho fundamental de los individuos", el que sólo admite limitaciones excepcionales como amenazas a la seguridad nacional. Pero a cambio de aceptar esa limitación específica, el documento subraya que "toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información", y deben prohibirse "la censura previa, la interferencia o la presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, oral, escrito, artístico, visual o electrónico".
Ese derecho acompaña además el señalamiento de que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales y la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Más aún, continuó Ealy Ortiz, "es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una separación adecuada".
Ese principio fue ejemplificado con el acto en que, poco antes de la ceremonia, el gobierno de Guatemala se comprometió a buscar la aclaración, ofrecer disculpa pública y quizás otorgar reparaciones por la desaparición de la periodista Irma Marina Flaquer Azurdia.
En este sentido, el presidente de la SIP, el uruguayo Danilo Arbilla, y el representante presidencial guatemalteco para Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy Morales, firmaron un convenio que los compromete a "iniciar un proceso de negociación para establecer orientaciones y mecanismos tendientes a resolver dicho caso dentro del marco de la solución amistosa". El convenio se basa en el reconocimiento del presidente Alfonso Portillo Cabrera de la responsabilidad institucional del estado en el caso, ocurrido el 16 de octubre de 1980.
