El Código Fiscal de Costa Rica, establecido en 1885, así como la Ley General de Terrenos Baldíos de 1939 y la Ley de Tierras y Colonización de 1961, han iniciado una polémica en el vecino país con respecto a la titulación de las tierras fronterizas con Nicaragua y Panamá, informó el diario La Nación en una investigación.
El periódico indicó que el conflicto surge dado que existe una franja de 2,000 metros que son inalienables en ambas fronteras que no pueden ser poseídas, porque son del Estado.
El hecho es que tanto en la frontera con Nicaragua como en la de Panamá existen personas que tienen más de 20 años de vivir en esas tierras y por el hecho de no poseer un título de propiedad no pueden ser sujetos de crédito y obtener bono de vivienda.
El rotativo destaca que el problema se dio a conocer luego que un residente de Upalá, Alajuela, solicitara hace cinco años un permiso para derribar unos árboles.
El Ministerio de Ambiente y Energía rechazó su petición e inició una investigación, en donde se determinó que dichos terrenos fueron el resultado de la unificación de varias fincas que no colindaban con la frontera norte, pero al presentarse el plano de catastro se determinó que tenía como lindero norte la frontera con Nicaragua.
Pero este problema no sólo se da en esa frontera. El diario describió el problema que enfrenta un residente en Paso Canoa, en Panamá, quien alquiló (aunque la Ley lo prohibe) a un panameño la concesión que le dio el Instituto de Desarrollo Agrario.
Por el desconocimiento de las legislaciones vigentes y por el temor de perder sus tierras se han iniciado gestiones para un cambio en la legislación.
