Liberan a Saúl Méndez

El secretario de Defensa del Sindicato Unico de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, fue puesto en libertad en la mañana de ayer tras permanecer detenido por espacio de seis días por acusaciones de atentar contra la seguridad del Estado, quien a su salida de la cárcel anunció la presentación de una denuncia por abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, y el director de la Policía Nacional, Carlos Barés.
Méndez en una conferencia de prensa aseguró que durante su permanencia en la cárcel era obligado a desnudarse delante de sus custodios y mantenido en aislamiento sin acceso a sus abogados, quienes sólo pudieron entrevistarlo después de varios días.
Aseguró que durante su arresto fue sometido a actos denigrantes cometidos por unidades policiales que obedecían órdenes. Alegó que estas situaciones fueron puestas en conocimiento de la Defensoría del Pueblo que abrió una investigación para determinar la responsabilidad de los agentes policiales en estos hechos.
Dijo que los miembros del SUNTRACS no abandonarán su objetivo por evitar la privatización de la Caja de Seguro Social y que se mantendrán en la lucha porque la "pelea es peleando" y si tienen que volver a las calles a defender esta situación, lo harán.
En tanto, el abogado Antonio Vargas, representante legal de Méndez, sostuvo que solicitará la nulidad del proceso judicial abierto contra su cliente, debido a que la jueza decimoquinta Georgina Tuñón señala en la resolución que resolvió liberar a Méndez, que no existen indicios vinculantes con actos que puedan constituirse como hechos atentatorios contra la seguridad del Estado.
Vargas alegó que según la jueza Tuñón en este caso sólo se puede hablar de faltas de carácter administrativo, por lo que consideró como nula la investigación penal iniciada por la Fiscalía Sexta de Circuito.
También dijo que la acción de los estamentos de seguridad será denunciada ante organismos internacionales de derechos humanos para que se aplique una sanción moral a los funcionarios implicados en estos hechos.