Una mujer condenada por arrojar su recién nacida a una letrina, un secuestrador de menores y un evadido del antiguo penal de la isla de Coiba fueron beneficiados con libertad condicional junto con otras 78 personas basado en la ley que permite otorgarles salir de la cárcel, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.
Adriana Aimée Grenald Urriola, fue declarada culpable en el 2007 por un jurado de conciencia, luego de las investigaciones llevada a cabo por la Fiscalía Primera Superior por homicidio doloso contra la acusada de arrojar a su neonato por una letrina.
Los hechos se desarrollaron el 8 de junio de 2005 en Villa Luchín, corregimiento de Tocumen. Grenald no sólo arrojó a la bebé en la letrina sino que la encendió, lo que generó que el recién nacido se afectara con heridas de segundo y tercer grado y murió tres meses después del acontecimiento mientras era cuidada en una casa hogar de monjas.
Otro de los beneficiados con la libertad condicional fue Marta Irene de Cubillo, condenada por un juzgado de Bocas del Toro por complicidad menor para obtener documentos legales y usarlos para que una colombiana sacara a una niña ecuatoriana hacia Costa Rica.
Las libertades condicionales están plasmadas en el Decreto Ejecutivo 454 del 3 de agosto de 20015 y lleva al firma del mandatario Juan Carlos Varela y su ministro de Gobierno Milton Henríquez. Fue publicada en la gaceta oficial número 27 mil 840 el jueves 6 de agosto.
Según el documento, se incluyó a Ricardo Antonio Goot Linares. Este fue condenado por el Juzgado Primero Penal de Circuito 24 años de prisión en el 2011, por el secuestro de un menor de 4 años, por el cual se pidió 70 mil dólares como rescate, según los archivos de prensa.
La privación ilegal de la libertad del menor se registró el 11 de agosto de 2011, cuando interrumpieron aproximadamente a las 2:30 de la madrugada a la residencia del infante, ubicada en el distrito de Arraiján, que estaba con su abuela de 81 años y se lo llevaron.
Entre los liberados está Reynaldo Vence Bell, quien se evadió en el año 2000 del clausurado centro penitenciario en Coiba en momentos que cumplía una sentencia de entre 5 y 10 años de cárcel por delitos relacionados con robo y estupefacientes.
Se llamó a la oficina de Prensa de la Dirección del Sistema Penitenciario para una explicación sobre los elementos tomados en cuenta para las liberaciones, sin embargo, no hubo respuesta.
Los recién liberados deben cumplir ciertos requisitos como residir en un solo lugar y notificarlo a las autoridades, adoptar un medio lícito para vivir, no volver a delinquir o incurrir en falta grave y someterse a observación del Sistema Peniteciario, de acuerdo con el decreto.
