En la agenda de la Asamblea Nacional está marcada como prioridad la discusión de tres anteproyectos de ley que guardan relación con la libertad de expresión.
El primero, presentado por el abogado Rogelio Cruz, busca “garantizar la libertad de expresión, el respeto a la honra, la reputación y establece sanciones de dos a cinco años de prisión en el caso de la calumnia”.
También, impone penas de uno a tres años al incurrir en injuria, “cuando el abuso de libertad de expresión se cometa por los medios de comunicación social”.
La segunda iniciativa, planteada por un grupo de periodistas y abogados, tiene como objetivo despenalizar la calumnia e injuria.
Además, se discutirá la propuesta que modifica la Ley 22 de 2005 del Código Penal sobre el derecho a réplica.
En esta se plantea que la rectificación de un medio debe tener igual “prominencia” que la noticia que causa el agravio.
Estos temas vuelven al foro, debido a que los grupos periodísticos y civiles rechazaron el anteproyecto del diputado Agustín Sellhorn, que contenía penas de cárcel para los que ofendan a funcionarios y que, según los expertos, tenía nombre y apellido: Mauro Zúñiga, dirigente civilista.
Ayer, Zúñiga presentó un anteproyecto que penaliza a los candidatos electos que incumplan sus promesas de campaña, modificando el Artículo 390 del Código Electoral.
De aprobarse la norma, el presidente de la República también podría ir a la cárcel hasta por cuatro años si no cumple sus promesas de campaña.
