Como un atentado contra la libertad de expresión y a las garantías fundamentales, calificó el dirigente civilista Mauro Zúñiga el anteproyecto de ley que busca penalizar a los que "ofendan" al presidente de la República y a los funcionarios de elección popular.
El anteproyecto presentado por el diputado suplente de Cambio Democrático, Agustín Sellhorn, establece entre 2 y 4 años de cárcel contra quienes ofendan a los funcionarios.
Esta propuesta es apoyada por el mandatario Ricardo Martinelli y el presidente de la Asamblea, José Muñoz. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, se mostró en contra, aunque advirtió que es necesario buscar un punto intermedio, entre el Gobierno y los medios de comunicación.
Zúñiga consideró que el problema radica en la interpretación que pueda tener un juez sobre lo que se considere una ofensa de un particular hacia un funcionario de elección.
Manifestó que tiene "pruebas" sobre las supuestas irregularidades que atribuye a Martinelli en su artículo de opinión: "Excelentísimo, déjeme escribir" en el que mencionó que el mandatario "va a las ferias de Estados Unidos, a las que los empresarios norteamericanos envían los alimentos que están a punto de vencer y los venden a un precio irrisorio" acá.
Otras de las voces que se oponen a esta iniciativa legislativa son las del embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, y la del presidente del Consejo Nacional de Periodistas, CNP, Guillermo Adames.
Cochez rechazó la propuesta tras considerar que “no es sensata", cuando hay una tendencia mundial a despenalizar situaciones que atentan contra la libertad de expresión.
Mientras, Adames aseguró que el CNP acudirá ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA para denunciar el anteproyecto.
El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, expresó que lo más conveniente es archivarlo porque, a su juicio, atenta contra la libertad política y democrática.
“La dignidad del presidente u otros altos funcionarios merece respeto, sin embargo no se puede acallar la crítica o la opinión pública con la penalización”, concluyó.
