El ministro para Asuntos del Canal, Jerry Salazar, negó que la administración de la vía acuática incurra en la contratación injustificada de empresas extranjeras para realizar trabajos de profundización en las entradas de los Puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas Pacífico y Atlántico del Canal.
Las declaraciones de Salazar surgen ante las denuncias hechas por el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Canal de Panamá, Felipe Joseph, quien reveló que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha destinado una partida de B/.66 millones para contratar una empresa extranjera que se dedicará a la profundización de la entrada a los puertos.
Según los trabajadores, la ACP no tiene justificación para convocar a una licitación para que empresas internacionales realicen los trabajos de profundización, ya que en el Canal existen dragas que son propiedad de la vía acuática.
Sobre el particular, Salazar explicó que las dragas que se encuentran en el Canal están ocupadas las 24 horas del día, por tanto si ese equipo está en uso permanente, lo lógico es que se contraten otras dragas para ejecutar las labores de profundización en los puertos.
El ministro del Canal también explicó que la licitación debe ser de carácter internacional, porque en Panamá no existen empresas especializadas en dragados y en los calados adecuados para los puertos.
Salazar se mostró extrañado que los trabajadores del Canal no tengan conocimiento de la realidad y por tanto la necesidad de contratar empresas extranjeras.
El funcionario dijo que está seguro que a los trabajadores se les dará un informe de la situación muy particular que hay y que la decisión está destinada a mantener el cauce de navegación con la mayor eficiencia posible. Destacó que aún no hay una fecha exacta para llamar a la licitación, aunque se le otorgará a quien ofrezca el mejor precio.
Las propiedades Los Patos y La Pagoda y el apartamento No. 17-A del edificio Metrópolis, en la ciudad de Panamá, aparecieron a nombre de Otilio Miranda, según el informe.
Dichas propiedades fueron cauteladas mediante Resolución No. 5-98 de 21 de enero de 1998, y finalmente declinadas a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
La propiedad del dictador conocida como La Escondida, en el sector de Potrerillos, Chiriquí, propiedad de Potrerillos Traiding Co. Sociedad vinculada a Noriega, fue asignada a la Administración de Aldeas Infantiles de Panamá.
En la ciudad de Panamá, en el sector de El Peñón, Alcalde Díaz, existe la propiedad registrada a nombre de Merlín International S.A., la cual fue asignada a Hogares Crea Femenino.
La Casa de los Recuerdos, en Chiriquí, propiedad de Bienes Raíces Cosmos S.A., fue cedida a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). De igual forma, la propiedad El Piro, cuyo propietario es la sociedad Higuerú S.A. y la persona vinculada es Alberto Purcell, fue entregada a la ANAM. La Casa Rosada, ubicada en Bella Vista, fue entregada a Hogares CREA.
Otra propiedad cuyo nombre recuerda la fastuosidad acostumbrada por Noriega es la propiedad conocida como L´Hermitage, ubicada en Punta Barco, y se le concedió la administración a Aldeas Infantiles. Cabe destacar que este bien, según el Registro Público, aparecía a nombre de Teresita Tapia de Chism y Edward Chism.
Las propiedades de Noriega deben de ser inscritas a título del Estado para luego poder ser sometidas a procesos de venta o licitación pública, de acuerdo con explicaciones dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Pero la entrega de información defectuosa por parte del Organo Judicial al Registro Público ha impedido que varias propiedades del ex hombre fuerte sean registradas a nombre de la nación.
En febrero de este año la directora del Registro Público, Doris Vargas de Cigarruista, envió una nota al Juez Cuarto Municipal del circuito de Panamá, ramo penal, Manuel Mata Aveldaño, suspendiendo la inscripción de las fincas de la familia Noriega Siero a nombre del MEF, como dicta la sentencia No. 15 del 12 de septiembre de 1996, expedida por dicho despacho judicial.
Cigarruista en su misiva advierte al juez Aveldaño que la sentencia No.15 del 12 de septiembre de 1996, que fuera reformada en parte por el Tribunal de Apelaciones y Consultas en la parte resolutiva, "debe manifestar exactamente sobre qué bienes se decreta la medida, es decir, qué fincas en específico y establecer en la misma sentencia, a favor de quién debe el Registro Público incluir los bienes, toda vez que el Registro Público no inscribe oficios, inscribe sentencias".
La directora del Registro Público explica al juez que por tal motivo se suspende la inscripción de las fincas establecidas en la sentencia con fundamento legal en los artículos 1795 y 1800 del Código Civil, así como en base al artículo 15 del Decreto 106 de 30 de agosto de 1999.
Abandono de propiedades
Las estructuras físicas de las propiedades que el ex general Manuel Antonio Noriega mantenía en el corregimiento de Potrerillos Arriba, distrito de Dolega y que están actualmente a cargo de la DRP, se encuentran en deterioro, según denunció el alcalde de ese distrito chiricano, Leonel Acosta.
El alcalde sostuvo que el deterioro es evidente en casi todas las estructuras, excepto las propiedades que la DRP le adjudicó a Santiago Espinosa, representante de Potrerillos Arriba para la construcción de una biblioteca pública. Los terrenos adyacentes se habilitaron para el cultivo de diversos rubros agropecuarios. Desde enero de 1995 hasta la fecha, el costo de mantenimiento de las propiedades como la Escondida en Chiriquí, suman gastos por el orden de B/. 39,242.92.
Acosta destacó que en 1994 el municipio le pidió a la DRP que le donara parte de las propiedades de Noriega para convertirlas en sitios turísticos, pero la respuesta fue negativa y los bienes siguen en el abandono. Las propiedades de Noriega en la región suman más de 100 hectáreas, entre las que se encuentran las fincas: La Escondida, la Casa de los Recuerdos, la del Ingenio, entre otras.
La residencia de Noriega en Altos del Golf, que está bajo custodia del Organo Judicial, se encuentra en abandono.
Complejidad impide concluir casos De acuerdo con el ex magistrado de la DRP, Oscar Vargas, durante la administración 1995-1999 no fue posible concluir todos los procesos existentes contra Noriega, debido a la complejidad de los casos, porque no hay un solo involucrado y se debe cumplir una serie de trámites jurídicos burocráticos.
