La limitación que hace el Código Electoral de no permitir la instalación de mesas de votación en los centros penitenciarios, es elemento que impide a los ciudadanos gozar del derecho que le otorga la Constitucional Nacional y además evidencia un trato desigual que desconoce derechos y principios fundamentales ampliamente aceptados.
Así se expresa el Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, al comentar la aprobación en primer debate del proyecto de ley que pretende otorgar el derecho al voto a los detenidos de forma preventiva.
Tejada Espino insistió en que la propuesta presentada por la Iglesia Católica de aprobar una reforma electoral que facilite el derecho al voto de los detenidos preventivamente, es un derecho reconocido en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Según el defensor, la reforma busca hacer efectivo un derecho que se encuentra hasta ahora limitado por una disposición del Código Electoral, que impide la instalación de mesas de votación en los centros penitenciarios.
Agregó que el ejercicio del sufragio es un derecho universal, e igual para todas las personas y no admite ningún tipo de discriminación. Recordó que la propuesta de la Iglesia, en ese sentido, cuenta además con el respaldo de organizaciones de derechos humanos y de las autoridades del Tribunal Electoral, que han manifestado públicamente su disposición y capacidad para organizar el proceso electoral en los centros penitenciarios.
De aprobarse esta norma, sería la primera vez que los privados de libertad hagan uso del derecho del voto. Pero esta posibilidad ha llevado a otros juristas de la localidad a preguntarse, si basado en el principio de presunción de inocencia, los detenidos no procesados, así como tienen el derecho a elegir, también lo tienen para ser elegidos.
Existe cierta preocupación entre algunos legisladores de oposición, ante la posibilidad de que la discusión de este proyecto sea aprovechado por el oficialismo para introducir nuevas modificaciones al Código Electoral.
Durante las últimas semanas, varios legisladores han expresado que hay intenciones del Ejecutivo de introducir nuevas reformas al Código Electoral, a fin de beneficiar algunos candidatos del oficialismo.
Felipe Cano, coordinador de la bancada legislativa del Partido Revolucionario Democrático (PRD) denunció hace una semana que el Organo Ejecutivo está interesado en que algunos de los actuales ministros, se postulen al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), sin retirarse de sus cargos.
El legislador perredista opinó que no sería conveniente introducir nuevas modificaciones al Código Electoral, pues a un año de la fecha de las elecciones no sería adecuado cambiar las "reglas del juego".
Hay otras modificaciones que le interesan al Ejecutivo y que podrían ser presentadas en los próximos días y una de las vías podría ser a través del proyecto de ley que le da el derecho al voto a los detenidos.
El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y se espera que en los próximos días se empiece a discutir en segundo debate por el pleno legislativo.
Durante la discusión del proyecto de ley, cualquier legislador podría presentar alguna modificación al Código Electoral, a fin de lograr el objetivo que pretende el Ejecutivo y beneficiar al candidato del oficialismo.
Sin embargo, el viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez, expresó esta semana que el Ejecutivo no tiene interés en presentar nuevas modificaciones al Código Electoral.
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