Johana Ábrego, asesora legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), lamentó que con la decisión arbitraria el poder Ejecutivo no haya considerado la opinión de los grupos organizados en la materia, para garantizar que los mismos representen una garantía para la preservación del medio ambiente.
Citó como ejemplo los proyectos que se intenten desarrollar en áreas apartadas del país, donde los residentes solo dispondrán de 10 días hábiles para presentar objeciones y explicaciones. Con la disposición anterior, contaban de 20 días.
Ábrego calificó como peligroso que se trate de cerrar los espacios para que los posibles afectados no tengan oportunidad de hacer sus comentarios y objeciones.
