Limitar información promueve la corrupción

La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica rechazó ayer la reglamentación de la Ley de Transparencia de la Gestión Pública y advirtió que la misma limita el acceso a la información promoviendo que se presenten "actos de corrupción".
De acuerdo con el organismo, la reglamentación establecida en el Decreto Ejecutivo No.124 del 21 de mayo del presente año, es contraria a la misma ley porque limita el acceso a la información al darle una definición al concepto de persona interesada a "aquella directamente vinculada con la información".
"Esta reglamentación restringe sustancialmente este derecho fundamental, porque limita el acceso a la información de los ciudadanos", plantea.
Sostiene que cuando se limita el acceso a la información se habilitan las condiciones para que se presenten "actos de corrupción y abusos de poder".
Ante lo expuesto, Justicia y Paz pide al Ejecutivo que reconsidere la reglamentación de forma tal que cumpla con el principio de derecho de petición de información normado en la Constitución y en la Convención Universal de Derechos Humanos.
"Entendemos que es importante definir el principio general de libre acceso a la información pública, de manera que se determine el género de información necesaria que debe -por períodos de tiempo- permanecer en reserva", agrega el comunicado.
Sin embargo, esto no se debe confundir con "discrecionalidad caprichosa ni hermetismo oficial", enfatiza. El organismo reitera que la administración pública requiere de un ejercicio transparente que permita la confianza de los ciudadanos como miembros de un sistema democrático.
"La información que manejan los servidores públicos pertenece a la comunidad, y es por ello que debe existir transparencia informativa con respecto a todas las gestiones del Estado", puntualiza. Añade que sólo así podrá consolidarse un Estado de Derecho y trazarse los caminos hacia una verdadera participación ciudadana.
En tanto, la Asamblea Legislativa como Organo del Estado se mantendrá "celosa y vigilante" de que se le dé fiel cumplimiento a la Ley de Transparencia y que la reglamentación aprobada por el Ejecutivo no se constituya en un obstáculo para lograrlo, advirtió el presidente de este órgano del Estado, Rubén Arosemena.