Washington-La polémica dentro del gobierno de Estado Unidos de cómo resolver el controvertido tema de la limpieza de los polígonos que utilizaron las fuerzas armadas estadounidenses en Panamá demoró nuevamente las gestiones bilaterales entre los dos gobiernos.
Un alto funcionario señaló a "la renuencia del Pentágono" de llegar a un acuerdo con el departamento de Estado como la causa de la demora para que una delegación de alto nivel se traslade a Panamá para finiquitar una serie de negociaciones pendientes.
"El departamento de Defensa tiene una serie de reservas que debemos superar antes de reanudar las gestiones bilaterales," confió el funcionario al corresponsal de El Panamá América.
El funcionario confirmó de que ni bien se resuelve el problema de los polígonos dentro del propio gobierno de Estados Unidos, una misión que podría estar encabezada por Peter Romero, el secretario adjunto de Estado en función para Asuntos Hemisféricos, se trasladaría a Panamá para completar unos acuerdos en materia de seguridad, lucha antidrogas, intercambio comercial y desarrollo social.
En una conversación informal, Romero no confirmó ni negó un futuro viaje a Panamá.
Si dijo que tras de haber concluido las negociaciones con el Congreso y los países europeos para obtener un masivo apoyo al Plan Colombia, su primera prioridad es tomar unas vacaciones de unos diez días en el Mediterráneo, posiblemente comenzando esta semana.
"Estamos a la espera de una respuesta del Pentágono para poder seguir adelante con las gestiones con Panamá", añadió el funcionario, que habló a condición de que no se revele su nombre.
"Puede que ya tengamos una respuesta la próxima semana, o que todavía podrían demorarse otros diez días".
Tal como ya se había informado, los asesores legales del Pentágono temen que una concesión a las demandas panameñas podría resultar en una avalancha de procesos legales por ciudadanos panameños que fueron afectados por accidentes en los polígonos así como la posibilidad de que esto "contagie" a comunidades en Alemania, Gran Bretaña y España, donde Estados Unidos aún tiene acuerdos para operar instalaciones militares conjuntas.
El gobierno de Panamá ha contratado a la firma de abogados Arnold & Porter para que represente sus intereses con respecto a la limpieza de los polígonos de tiro y los otros espacios que se usaron como campos de entrenamiento, que según los Tratados Torrijos-Carter debieron haber sido limpiados de explosivos y substancias tóxicas antes de su devolución que culminó el 31 de diciembre de 1999.
El abogado William Rogers, un ex-subsecretario de Estado que dirige el equipo de abogados que asesoran al gobierno panameño en esta y otras materias, dijo que no podía hablar sobre el asunto mientras no tuviera autorización directa del embajador Guillermo Ford.
El diplomático panameño igualmente reconoció que el hermetismo era "la conducta que debemos observar a estas alturas".
Tampoco especificó cuándo le iba ser posible proveer los detalles del problema al conocimiento público.
Por su parte, desde comienzos del pasado año, los voceros del departamento de Defensa aseguraban de que las áreas de las bases aledañas al Canal serán entregadas a Panamá libres de residuos militares, pero que cerca de las 3,000 hectáreas no podrían ser limpiadas por falta de tecnología adecuada.
El coronel David Hunt, el principal vocero de esta operación, dijo que "el problema de la limpieza no reside en lo que se tarde ni en lo que cueste, sino en la falta de una tecnología que no resulte dañina para el medio ambiente ecológico".
Estados Unidos había utilizado por décadas miles de hectáreas que se conocen como los polígonos de Emperador y de Balboa Oeste--en el lado Pacífico del Canal--y de Piña, en el lado del Caribe.
Allí realizaban prácticas de tira, bombardeos aéreos y maniobras de tropas en tierra.
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