Un litigio parece aproximarse entre dos empresas portuarias que operan en Colón y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La empresa Colon Oil and Service reclama que la AMP violó un acuerdo previo y le pretende permitir a la Manzanillo International Terminal (MIT), la construcción de un relleno en un ángulo del muelle 3 del Puerto de Colón para ampliar sus espacios de atraque.
Elio Camarena, representante legal de Colon Oil and Service, dijo ayer que su compañía cedió el muelle 4 y un lote de tierra que unía este muelle con la MIT para sus planes de expansión, peroahora la AMP ha cambiado las reglas de juego para beneficiar a Manzanillo.
"Todos los estudios científicos que comisionamos y que fueron presentados a la AMP demuestran que cualquiera modificación a la alineación del muelle, representaría un peligro para la navegación", sostuvo.
Explicó que el anclaje de barcos en la entrada del muelle puede provocar choques o derrame de petróleo en las aguas panameñas, lo que podría crear un daño importante a la actividad portuaria y a la fauna marina.
"Si a juicio de alguien esa finca de la Asamblea debe ser parte del Parque Camino de Cruces , hay que tener presente que ambas tienen una ley que la sustentan", enfatizó.
Explicó que existen otras 10 hectáreas (en total son 26 hectáreas) de tierras de la Asamblea dentro de esta zona, por lo que enfatizó que si el Estado las reclama, están dispuestos a que se les permute por otros terrenos que puedan ser utilizados por la institución.
"Las 16 hectáreas de las que habla le Ley 10, no tienen ningún tipo de problemas para su desarrollo. Ya ese terreno le pertenecía antes a la Asamblea Nacional", indicó.
Sostuvo además que en la venta pública, quien gane la licitación tiene que construir sujeto a las especificaciones de uso de suelo para esta zona.
Mientras esta polémica se define, la Asamblea Nacional se apresta a convocar la licitación pública para la venta de esta tierras.
De hecho, los planos del nuevo edificio ya están listos, y sólo se esperaba la sanción de la ley ya ratificada por el Ejecutivo esta semana.
Mediante esta licitación pública la Asamblea podrá vender las 16 hectáreas de tierras en 9.5 millones de balboas o más, según avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según el diputado Carlos Alvarado, quien es uno de los propulsores de ese proyecto, existen estudios del Cuerpo de Bomberos de Panamá que indican que la actual estructura de la Asamblea Nacional es un "edificio enfermo".
Advierte que éste carece de las condiciones óptimas para albergar a los diputados y a más de mil 100 funcionarios administrativos que allí laboran.
Mientras que el presidente de la Comisión de Infraestructura, el diputado Rogelio Paredes, defendió el proyecto negando, que el edificio que se va a construir sea un lujo para los diputados.
"Da vergüenza los cubículos que tenemos actualmente los diputados y las condiciones del resto de la infraestructura que tiene más de 50 años de existencia", argumentó.
A su juicio, este proyecto es una manera de equiparar un poco el nivel de los diputados de este país con los del resto del mundo.
"No podemos ahora so pretexto de que estamos en austeridad, privarnos de una operación donde no le pedimos un centavo al presupuesto nacional y no nos endeudamos, ya que se está utilizando un activo de la Asamblea que se está perdiendo", afirmó Paredes.