La Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher llamó la atención al Contralor General de la República y al Juez Séptimo Civil sobre la posible existencia de responsabilidad penal por las cautelaciones ordenadas de B/.3.6 millones pertenecientes al Estado dentro del litigio entre trabajadores del IRHE y el abogado Candelario Santana.
Fletcher advirtió al Juez Séptimo de Ramo Civil Arcelio Vega Castillo y al Contralor de la República Gabriel Castro que tengan cuidado con el manejo de estos fondos porque puede haber algún tipo de responsabilidad.
Alegó que los fondos públicos con fin determinado que son manejados como fondos particulares puede mover a la presentación de algún tipo de recurso por las partes afectadas por la decisión.
La Procuradora Fletcher aseguró que el Contralor Gabriel Castro debió hacer las consultas respectivas antes de proceder a la autorización de los B/.3.6 millones que se encontraban en el fideicomiso de B/.89 millones pagaderos a los trabajadores del IRHE tras la privatización de la estatal de energía.
Al mismo tiempo, la funcionaria aseguró que el Juez Séptimo Civil omitió o le pasó inadvertido dónde se encontraba el bono de garantía correspondiente a los honorarios de Candelario Santana y no consultó la ley 20 de 1995, el Decreto Ejecutivo No 31 de 5 de febrero de 1996 y el Decreto Ejecutivo No 42 de 27 de agosto de 1988 que regulan el manejo de los fideicomisos.
Por otro lado también aseguró que no atendió la advertencia del Gerente de Operaciones del Banco Nacional sobre esos fondos y clarificado las funciones de la Contraloría, que si bien es ente pagador, no todo el tiempo ordena a quién pagar.
No obstante, la Procuradora estimó que su opinión no tiene un carácter vinculante o de cumplimiento por las partes involucradas en el proceso.
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