Con total independencia de sus credenciales políticas, el Presidente Electo y su equipo de trabajo, -que preparó discretamente el texto de las reformas originalmente propuestas-, en un cálculo político que acierta correctamente en la realidad, se dio cuenta que a medida que ganara desafectos su gestión de gobierno, los 400,000 votos que obtuvo Endara y la Constituyente podían convertírsele en un serio problema político. Era necesario desinflar el globo, incluso antes de llegar al poder y aunque hubiera que pagar para ello importantes precios políticos.
Es eso lo que explica que los legisladores hayan asentido a romper el férreo control que los partidos políticos ejercían, -antes de las reformas-, sobre el proceso político panameño, en una muestra de que, -aunque dos años tarde-, no les quedaba más remedio que reivindicar con las reformas constitucionales, por lo menos parte del clamor que las grandes mayorías nacionales desde hacía tiempo hacían sentir con el reclamo de algunos cambios constitucionales.
Durante los últimos años, ha sido lugar común en los medios de comunicación, -más con justificación que sin ella-, la crítica mordaz al órgano más representativo de la democracia panameña: la Asamblea Legislativa. Los legisladores, que aún no entienden el delicado y profundo rol que les toca jugar en la democracia panameña, estuvieron a punto de caer en los tradicionales chantajes y componendas con las que manejan casi todas las leyes de la República, sobre todo, a propósito de la inédita propuesta de que la Asamblea Legislativa fiscalizara a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en razón de sus funciones jurisdiccionales (que gracias a Dios no se concretó).
El Acto Constitucional recientemente aprobado redimensiona y oxigena la democracia panameña con los elementos participativos que tanto necesitaba y el proceso en virtud del cual nos dimos estos cambios, si bien por momentos no parecía superar las mañas de un Órgano Legislativo desprestigiado, finalmente se hizo tratando de escuchar y atender las reclamaciones nacionales.
Los críticos de este proceso de reformas constitucionales que la objetan por su contenido sostienen que ni son todas las reformas las que se han adoptado ni están todas las que son. En relación con la última crítica, la que sostiene que no están todas las que son, es obvio que el constituyente, en esta coyuntura, ha hecho un esfuerzo especial por modernizar las instituciones políticas del Estatuto Fundamental. Los cambios hechos en otras áreas de la Constitución constituyen la excepción.
En relación con la crítica de que no son todas las que están, se ha dicho que el número de 71 legisladores constituye un retroceso constitucional, que los cambios en los requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia no satisface las aspiraciones nacionales de despolitización de este Órgano del Estado y que es iluso exigir 20% de firmas del padrón electoral para convocar a una Asamblea Constituyente Paralela.
Sostenía recientemente un connotado constitucionalista panameño que en Derecho Constitucional no existen constituciones hechas a la medida de cada uno de los ciudadanos. Sólo existen constituciones y cambios constitucionales aceptables para la inmensa mayoría de los habitantes de la polis, y nosotros opinamos que estos cambios constitucionales conforman dichos criterios.
Las reformas constitucionales, consideradas por sus propios méritos, son buenas para el país. El problema es que la solución de los problemas nacionales no sólo pasaba, ni pasa por un cambio constitucional genuino, sino que también exige un gobierno entrante lo suficientemente probo y decente que demuestre con los hechos propósito de enmienda.
En materia constitucional, es cierto que debemos caminar hacia un sistema de mayor control del Órgano Legislativo del otro órgano político por excelencia: el Órgano Ejecutivo. No obstante, ello presupone la existencia de una Asamblea Legislativa que entienda a cabalidad el rol que le toca jugar y cuyos miembros no se comporten de la manera tan impropia e inadecuada como se comportan normalmente los legisladores panameños.
Finalmente, para quienes creen que la panacea llegará cuando al fin llegue el momento de convocar a una Asamblea Constituyente, debo recordarles que este país se construye todos los días, no gracias a lo que digan sus leyes (que no deja de ser importante), sino gracias a cómo se comportan sus hombres.
*El autor es abogado.
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