La revocación del poder dado al abogado Jorge Fábrega para que representara legalmente a la Caja de Seguro Social (CSS), en la demanda contra la empresa mexicana ICA, no ha sido aclarada por la administración de la institución, señala el miembro de la Junta Directiva de la entidad, Roberto Lombana, en carta enviada al presidente de este organismo, Rafael Medina, y en la que le adjunta un listado de asuntos pendientes y preguntas sin respuestas, que nunca le han sido contestadas.
"Las explicaciones que se nos dieron el jueves pasado no fueron claras y tampoco mostraron los documentos y el nuevo poder al Dr. Jaime Franco. Este tipo de acciones provocará suspicacias que no son saludables para la imagen de la Caja de Seguro Social", indica Lombana en la misiva.
Agrega que varios de los miembros de la Junta Directiva de la CSS, preguntaron de cuánto fueron los honorarios pagados o pactados con Fábrega, pero no fue posible que Medina, ni la Administración lo informaran, lo que "no ayuda a la transparencia de este tema tan delicado".
"¿Qué pretende usted señor presidente (Medina), al no colaborar a que la información fluya libremente, sin tanto secretismo y discrecionalidad?", pregunta Lombana.
Indica también que según el Estado de Cuenta presentado por la Dirección Nacional de Finanzas, la deuda del Gobierno es de B/.25,161,075.02 al 31 de agosto de 2000, diferente a lo planteado por Medina y el director de la CSS, Juan Jované, quienes han sostenido que lo adeudado por el gobierno eran B/. 7.5 millones.
"Se hace difícil establecer la morosidad mes a mes, por lo que le solicito un informe completo, que incluya los movimientos mensuales, los recargos por morosidad y los pagos hechos mensualmente del Fondo Complementario por cuenta del Tesoro Nacional", expresa Lombana en carta a Medina.
Además le indica que sigue sin conocerse un plan de acción de parte de la Dirección General para corregir lo antes posible los 58 hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República en la CSS, los cuales muestran "situaciones alarmantes" que podrían estar afectando negativamente la administración de la entidad.
El informe de Auditoría y de Evaluación del Control Interno hecho por la Contraloría, "tiene ya cinco semanas y no se ha visto una reacción, ni tampoco los reajustes de personal que se requieren para corregir estas anomalías", puntualiza Lombana.
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