La propuesta de utilizar parte de algunos dineros que aporta el Canal de Panamá para un sector social en específico no es novedosa en nuestro medio. El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares propuso destinar B/.50 millones por año de los aportes de la vía acuática para invertirlos en la modernización de la educación.
Según el ex ministro del Canal, Jorge Eduardo Ritter, la propuesta de Pérez Balladares buscaba que la población percibiera algún beneficio del Canal después de su reversión a Panamá. De acuerdo con Ritter, con la propuesta de Pérez Balladares se quería lograr que el común del panameño tuviera una percepción tangible y directa del aumento de los aportes del Canal a Panamá después del 2000.
Destacó que se escogió el sector educativo porque las escuelas están por todo el país y de esta manera la mayoría de la población podría decir " a mí me tocó algo de la reversión del Canal". Señaló que durante el Gobierno pasado se logró crear la "Fundación Nuevo Canal", la cual se encargaría de administrar los fondos. Recordó que se llegó a nombrar un grupo de síndicos de la fundación, pero que ésta no funcionó porque nunca se aprobó la ley para destinar una parte de los aportes del Canal para educación.
A juicio de Ritter, la manera como se usan los aportes del Canal se "diluyen" en los gastos del Gobierno Central y la mayoría de los panameños "no perciben los beneficios" de la vía acuática. Indicó que para destinar parte de los aportes del Canal para un sector específico se requiere de la aprobación de una ley por la Asamblea Legislativa.
Al respecto, el subadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, aclaró que es una decisión más del Estado y de la sociedad panameña que de la ACP decidir qué hacer con los aportes de la vía acuática.
"El compromiso nuestro es asegurarle al país de alguna manera que el negocio va a continuar haciendo los aportes que el Estado espera, pero la decisión de qué hacer con esos dineros es de la sociedad panameña", destacó Vásquez.
No obstante, advirtió que la ACP se siente " huérfana porque a pesar de que aportamos más hay un reclamo nacional de que no estamos contribuyendo lo necesario". Para Vásquez esa es una crítica injusta que se la hace a la ACP y al Canal, "porque estamos trabajando para que los aportes que damos a la nación sean más altos, pues somos conscientes de las necesidades que tiene el país".
Destacó que debido a que las contribuciones del Canal se diluyen en los ingresos del Gobierno, entonces la colaboración de las autoridades del Canal queda diluido en el ejercicio fiscal.
El funcionario advirtió que una decisión para usar los aportes en un sector específico lograría que la sociedad panameña en su conjunto perciba un poco mejor los ingresos de la vía y además eso "evidentemente desde el punto de vista de la imagen nos ayuda". Recordó que se han aprobado iniciativas donde se ha identificado fuentes de ingresos con aplicación de fondos como es en este caso, por lo que una ley en ese sentido no sería novedosa en las finanzas públicas.
De acuerdo con el subadministrador, si se aprueba una ley en ese sentido la ACP cumpliría con destinar los dineros a donde se decida. Vásquez no descartó que en un futuro no muy lejano, la ACP abra sus cursos de adiestramiento de personal a la población para que el panameño perciba los beneficios de la vía.
Para el ex canciller Oydén Ortega, sería "saludable" establecer una legislación para precisar la forma cómo se deben utilizar los aportes del Canal. A juicio de Ortega, no sería conveniente comprometer el 100% de los aportes de la vía porque es necesario darle cierta flexibilidad a la ejecución presupuestaria del Estado.
"No sería conveniente que de antemano se establezca un determinado uso para toda la cantidad de dineros que aporta el Canal", reiteró el ex legislador, quien también aclaró que es necesaria la aprobación de una ley para destinar parte de los dineros de la vía a un sector específico. Comentó que el debate sobre este tema no es nuevo y siempre ha originado discrepancias en cuanto a qué sector es más prioritario que otro.
Para Ortega muchos podrían decir que parte de los aportes deben destinarse a educación porque es el área más crítica, pero los sectores productivos podrían señalar que es el agropecuario porque es uno de los puntales de la economía.
Según el ex legislador, aunque se decida destinar los dineros del Canal a un sector específico no debe ser la totalidad de los fondos, porque hay otras partes que también empezarían a reclamar derechos. Indicó que las contribuciones que se destinen para un sector deben ser utilizadas estrictamente en inversiones sociales para que la población perciba de manera tangible los beneficios del Canal de Panamá.
Mientras que el viceministro de Economía y Finanzas, Domingo Latorraca, al comentar al respecto indicó que es de la teoría que poner controles a los ingresos que recibe el Estado "ahorca su capacidad de cumplir con otras tareas".
De acuerdo con Latorraca, poner restricciones en ese sentido a los ingresos provenientes del Canal pudiera limitar la capacidad del Estado para realizar otras obras sociales.
Indicó que hasta el momento no existe ninguna ley que establezca qué porcentaje de los aportes del Canal se tiene que utilizar para un sector específico.
En ingresos directos por pagos de derecho de tonelaje, servicios públicos y utilidades, el Canal, durante la administración panameña, ha aportado al Gobierno Central B/.201 millones en el año 2000; B/.198.2 millones en el 2001 y tiene proyectado entregar B/.226.8 millones en el 2002.
