Los sí y no del referéndum por la ampliación del Canal

AUNQUE NO existe fecha cierta para la celebración del referéndum que determinará si los panameños apoyan o no la iniciativa de expandir el Canal, el debate para definir quiénes son las personas del Gobierno que pueden promover el "Sí", cobra cada día mayor vigencia.
El fiscal electoral, Gerardo Solís, fue claro al señalar que aquellos funcionarios nombrados por designación no pueden manipular a la población en favor del voto sí. En esta categoría entran los ministros de Estado, directores de entidades gubernamentales y funcionarios que laboran en el Gobierno.
Sin embargo, las personas que ocupan un cargo público por votación popular como los diputados, alcaldes, representantes y el propio gobernante, sí pueden emprender esta acción.
Precisamente, este último punto fue el detonante para que algunos sectores hayan denunciado por proselitismo ante la Fiscalía Electoral al mandatario Martín Torrijos, al presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez y Alberto Alemán Zubieta, administrador de la entidad canalera.
Sin embargo, las denuncias contra Vásquez y Alemán Zubieta no procederán si el Tribunal Electoral (TE) incluye como excepciones en la reglamentación, que los funcionarios vinculados directamente a los estudios pueden abordar el tema sin ningún problema.
El fiscal electoral aclaró que no tiene potestad para investigar al presidente de la República pero que sí puede hacerlo con los otros funcionarios de menor jerarquía, indicando que si éstos violan las leyes electorales sin duda serán investigados.
Solís dejó entrever que Torrijos sí puede promover el "Sí" porque es un funcionario electo popularmente. Sin embargo, esta opinión no la comparte el ex presidente Jorge Illueca.
Aseguró que Torrijos no puede pedir el "Sí" a los ciudadanos para lograr la ampliación, ya que el principio de legalidad establece que los funcionarios sólo pueden hacer lo que la Ley les autoriza.
No obstante, el fiscal electoral recordó que en las consultas populares de 1992 y 1998 el Tribunal Electoral (TE) estableció una distinción entre los funcionarios de designación y elección.
Esa reglamentación expresa que los funcionarios de elección pueden promover la propuesta de reforma en su tiempo pagado, más no así los funcionarios de designación.
Por esta razón fue que el ex ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, abandonó el cargo.
Precisamente, la reglamentación establece claramente que "si el funcionario de elección está ejerciendo un puesto de designación, no lo puede hacer porque prevalece el cargo de designación".
El presupuesto para la consulta es de B/. 7.8 millones. El Tribunal Electoral ha descartado el uso de la votación electrónica. Se utilizarán papeletas con el Sí y No.
De aprobarse el proyecto de expansión los peajes aumentarán un 3.5% anual hasta el 2025.
La inversión total de la ampliación canalera se ha calculado en B/. 5,250 millones. Las personas que trabajen en las obras de deberán ganar un salario de B/.2.90 la hora.
La ACP tiene previsto que se generarán 7 mil puestos de empleos directos durante los 8 años que durarán los trabajos.