Ahora más que nunca se recuerda la frase: "acabar el flagelo de la corrupción no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, dicha hace un año Alma Montenegro de Fletcher, cuando fue designada secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.
Fletcher programó un plan a su llegada a la Secretaría instituida por el Ejecutivo, para poner al pendiente a la ciudadanía de la labor que ha realizado en materia anticorrupción.
No obstante, no ha pasado mucho tiempo, cuando nuevamente se cuestiona la falta de lucha anticorrupción tanto en el sistema judicial y en el Gobierno.
Los cuestionamientos recientes provinieron del embajador de los Estados Unidos, William Eaton, quien no tuvo reparo en apuntar que estaba preocupado por la impunidad existente en actos de corrupción donde estaban involucrados poderosos y ricos.
Para algunos sectores privados y civiles los avances en materia contra la corrupción van a pasos lentos, y prefieren que esta Secretaría salga del Ejecutivo, para que entre de lleno a los Organos Legislativo y Judicial.
En esta entidad, se abrieron 38 expedientes, de los cuales 16 están activos y 22 fueron archivados, basados en quejas y denuncias del sector público.
Entre estas se encuentran despidos a funcionarios, mal uso de fondos públicos y otras anomalías encontradas en las auditorías internas a las cuales no se les dio el curso en primera instancia.
A nivel de la Secretaría las cosas no han sido color de rosa, Fletcher confió que ha realizado llamados de atención a directivos de entidades gubernamentales y muchos se han molestado.
La funcionario, quien fungió antes como procuradora de la administración, mostró el plan que lleva a cabo en la lucha anticorrupción, señalando que existe un sistema de integridad planteado en los estamentos públicos que están dirigidos a fortalecer mecanismos internos en las instituciones para que el trabajo de fiscalización, vigilancia y auditoría, pueda ser más efectivo.
Reveló que no ha sido fácil llevar adelante sus propuesta para crear una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno central.
"No cabe duda que hay irregularidades en la administración y cuando un auditor interno elabora un informe este debe ser tomado en cuenta por el jefe del despacho para tomar las medidas necesarias, con el fin de corregirlos", explicó.
Se ha encontrado conque en la actualidad el trabajo de los auditores internos no está siendo suficientemente apoyado, por lo que les ha dado su respaldo.
Los auditores han recibido presiones internas y externas dentro del engranaje gubernamental, por lo que Fletcher tuvo que emitir una circular, el pasado 17 de marzo, para llamar la atención de los jefes de entidades.
Entre las 16 metas señaladas en el Programa de Gobierno del presidente Martín Torrijos, el punto número siete habla de presentar una ley especial anticorrupción y de conflicto de intereses, que abarque tipos penales a perseguir, las instancias legales para investigar y juzgar los delitos y su procedimiento.
Pero este punto no se ha concluido en las tareas impuestas, pues el sistema judicial y hasta el gobierno sigue siendo criticado por mantener aun la percepción de apadrinar supuestamente casos de corrupción.
No obstante, lo único concreto que se menciona en materia anticorrupción es el "Programa de Rendición de Cuentas", el cual ha estado dirigido a la administración pública a través de foros y seminarios.
Montenegro dijo a Panamá América que muchos casos son facultad de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, por lo que las denuncias se remiten a estas instancias.
Advirtió que los funcionarios que no cumplen sus responsabilidades van a ser sancionados y en estos casos se podría aplicar la Ley 38 y el Código Administrativo y de Etica.
Sobre el tema anticorrupción, el presidente saliente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Enrique De Obarrio siente que en algo hemos avanzado, pero es mucho lo que hace falta para depurar el sistema.
Mientras que para la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, la labor de la Secretaría de Transparencia ha avanzado poco.
Sustentó su postura, al explicar que la Ley de Transparencia que tenemos los panameños le dan muy poco uso. "Estamos a pasos lentos, y los funcionarios tienen poca cultura de rendición de cuentas", sentenció.
Castillo cuestionó el hecho que la Secretaría Anticorrupción esté bajo el paraguas del Ejecutivo, lo que no la deja fiscalizar bien otros órganos del Estado.
La Secretaría de Transparencia está conformada por un equipo técnico de nueve personas.
Cuenta con un grupo de menos de 20 personas que realizan labores de servicios generales, abogacía, administración pública y sociología.
El local donde funciona la Secretaría de Transparencia Anticorrupción está ubicado en el edificio 703 en Balboa, área revertida.
El inmueble fue cedido por la Autoridad del Canal de Panamá por lo que no se paga renta.
Para este año, la entidad sólo tiene una partida de medio millón de balboas, para ejecutar los programas de prevención y de combate a la corrupción.
Alma Montenegro de Fletcher ha dicho en otras ocasiones que han logrado el apoyo de organismos cooperantes para poder continuar el trabajo que realizan.
Lucha anticorrupción es lenta
Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción encuentra piedras en el camino.