Lucha anticorrupción: ¿utopía o realidad?

Es poco probable que un alto porcentaje de las recomendaciones presentadas por la Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción (CPCC), sean llevadas a la práctica, porque, además de la buena voluntad de los responsables de implementarlas, se necesitan hacer cambios a la Constitución Nacional o aprobar conflictivas leyes en la Asamblea Legislativa.
Planteado así, la pregunta que viene a la mente de los ciudadanos es si valió la pena que un grupo de notables dedicara tiempo y esfuerzo a recoger cientos de inquietudes de diferentes sectores que fueron sintetizadas en un documento.
Entre las recomendaciones de la CPCC, se incluyó que las instancias gubernamentales ejercieran un mayor control en los nombramientos para evitar los casos de nepotismo, sin embargo, la presidenta Mireya Moscoso justificó esta práctica, respondiendo a la comisión que "en todos los gobiernos, y en todos los países, existe y existirá en alguna medida, la práctica de dar a personas cercanas y parientes cargos y responsabilidades públicas".
La CPCC también identificó como posible brecha para que ocurran actos de corrupción, la facultad del Fondo de Inversión Social, (FIS) de realizar actos de contratación directa, por lo que recomendó al Ejecutivo incorporar esta entidad a la Ley 56 de Contrataciones Públicas y que las compras que pacta dicha institución se hagan a través de licitaciones públicas.
Esta es una recomendación que no requiere de la modificación de normas fundamentales que afecten el desarrollo institucional, sino que se puede implementar por medio de un acto administrativo o aprobación del Consejo de Gabinete, sostienen sectores consultados por El Panamá América.
Sin embargo, la presidenta Moscoso en la respuesta a la comisión, sobre este punto destaca que esta recomendación parece obedecer más a una reacción a la percepción de corrupción, que a la necesidad de responder con agilidad y transparencia a las necesidades que tienen las comunidades.
Según el constitucionalista, César Quintero, el cumplimiento de la gran mayoría de las recomendaciones depende de la buena voluntad tanto de la Asamblea Legislativa como del Organo Ejecutivo, ya que son medidas que se pueden adoptar mediante actos administrativos basados en decretos.
Agregó que temas sensitivos como combatir el nepotismo, la creación de una entidad con alcance nacional para luchar contra la corrupción y la importación de vehículos libres de gravámenes, pueden ser adoptados mediante la buena voluntad del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Según Quintero, de la modificación del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, dependen el cumplimiento de algunas recomendaciones como la eliminación de la franquicia postal y telefónica para legisladores, la exoneración del pago de impuestos por la importación de vehículos, la eliminación permanente del salario de los legisladores suplentes y la planilla de B/. 4,750 que usan a discreción los parlamentarios.
La Dirección de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa no ha hecho en este momento un análisis de la forma en que se podrían cumplir las recomendaciones que le atañen directamente a este órgano del Estado. Según fuentes legislativas, oficialmente la Asamblea no ha recibido dichas recomendaciones.
Para el exmagistrado hay otras recomendaciones que están sujetas a la aprobación de nuevas leyes o la modificación de algunas existentes como, la revisión de la ley que autoriza la expedición de pasaportes diplomáticos oficiales, la disposición que los funcionarios que reciben gastos de representación no cobren viáticos cuando cumplen una misión oficial dentro del país y fijar un tope salarial.
Pero también, a juicio de Quintero, hay otras medidas que se pueden cumplir con actos administrativos como fijar límites en el número de escoltas de los altos funcionarios, restringir el uso del combustible, establecer normas de conductas en las escuelas, revisar los sueldos que reciben los funcionarios de Aduanas o recomendar que la Contraloría General investigue el posible tráfico de influencia en el caso Tricom-Bellsouth.
Además de la modificación y aprobación de leyes y la adopción de medidas administrativas, hay otras recomendaciones que dependen en parte de la buena voluntad de quienes serían los encargados de implementarlas.
Entre ellas están que el sector privado adopte un Código de Etica que fije pautas a sus miembros, que los dirigentes de los partidos políticos brinden respuestas satisfactorias cada vez que se le hagan señalamientos sobre actos de corrupción y que se investigue lo sucedido con la aprobación del Contrato Ley para la construcción del Centro Multimodal Industrial y de Servicios.
El presidente de la Asociación de Abogados Litigantes (AAL), Jaime Padilla González, consideró que el nombramiento de una comisión que tuviera como objetivo hacer recomendaciones para combatir la corrupción, fue una "medida brillante".
Agregó que la iniciativa tuvo como propósito inmediato "bajar la presión nacional e internacional" que estaba viviendo el Ejecutivo a raíz de las denuncias de compra de votos hechas por el legislador Carlos Afú y toda la situación que originó la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Padilla González adicionó que se trató de un buen mecanismo publicitario para bajar la presión, pero que dentro de ellas hay medidas que deben ser tomadas en cuenta por la Asamblea legislativa y por el Ejecutivo y el cumplimiento de las mismas debe ser exigido por el Movimiento Pro Alianza Ciudadana.
El jurista instó a la mandataria Mireya Moscoso a que se adopten los correctivos que están dentro de su ámbito como son las recomendaciones que tienen que ver con el FIS o el nepotismo y citó que en el reciente caso de las armas que llegaron a Colombia y donde se menciona a la Policía Nacional, la presidenta debió solicitar inmediatamente una investigación. Se trata de voluntad y a la jefa del Ejecutivo no se le está viendo voluntad para combatir y erradicar la corrupción.
En tanto, el catedrático universitario y ex candidato a la Defensoría del Pueblo, Raúl González, reconoció que algunas de las recomendaciones requieren de cambios constitucionales, pero hay otras como acabar con la práctica del nepotismo, no requiere de un cambio constitucional, sino de una decisión administrativa.
Hay una serie de recomendaciones cuyo cumplimiento depende de la buena voluntad tanto de los responsables del Ejecutivo y del Legislativo, porque por muy sencillas que sean, sin una dosis de voluntad no se va a resolver nada.
Por su parte, el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, integrado por distintos organismos cívicos de la sociedad panameña, piensa que se debe emprende una labor de divulgación masiva de la Ley de Transparencia en todo el país.
Igualmente, considera que es tarea de la sociedad civil, crear una Junta Nacional de Defensa de la Cultura, de los valores cívicos y extender la enseñanza de la urbanidad, la ética ciudadana, los valores morales y las buenas costumbres a todos los niveles educativos como asignatura obligatoria.
También considera como un aporte el haber establecido un juramento que deben prestar al inicio de clases todos los estudiantes del país, en el que se comprometen a luchar todos los días de su vida por la honradez y contra la corrupción.
La sociedad civil también se compromete a exigir al sector privado organizado la adopción de un código de ética que fije pautas, de modo que no sean protagonistas de malas prácticas, sino garantes de un comportamiento fundado en el respeto a los valores cívicos y morales.
El fortalecimiento del periodismo, para que sea un medio eficaz de educación e información, es otro elemento cuya implementación se considera como una responsabilidad de la sociedad civil. El periodismo, sostiene, debe asumir responsablemente las denuncias serias y bien sustentadas, evitando la difusión de antivalores y campañas de difamación, intimidación y escándalo.