No obstante, a su salida de la Fiscalía Luciani, quien era esperado por unos 50 funcionarios de la CSS y familiares, quienes lanzaban consignas, aseguró que "este era a penas el primer asalto y que no descansaría hasta alcanzar la libertad absoluta".
"La primera medida es casa por cárcel y eso no nos satisface en lo más mínimo, vamos por la libertad, restitución al cargo y que resalte la verdad", enfatizó.
Envuelto en un tumulto de seguidores y periodistas, Luiciani aseguró no haber cometido ningún delito y no tener responsabilidad en el fallecimiento de 101 panameños a causa de ingerir medicinas de la CSS contaminadas con dietilenglicol.
En tanto, Rolando Villalaz sostuvo que la medida cautelar dada a su favor no restituye las vejaciones a las que ha sido sometido.
"Esto a penas está comenzando y el Ministerio Público tiene todos los elementos para ubicar a los verdaderos responsables del envenenamiento", aseguró.
A su vez el ex director de la CSS, Juan Jované, quien fue el primero en culminar su indagatoria, aceptó haber solicitado la compra de la glicerina, que a la postre resulto dietilenglicol, pero aseguró que uno puede saber que la cosa está dañada hasta que la recibe.
Jované afirmó que todo se trata de una persecución de carácter político.
La fiscalía tiene proyectado continuar hoy con las indagatorias y ha descartado por el momento citar a otros miembros de la Junta Directiva de la CSS.
La defensa de Rolando Villalaz presentó un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, que quedó radicado en el despacho de la magistrada Graciela Dixon.
Las indagatorias se desarrollaron de forma paralela.
Los funcionarios de la CSS que acudieron a la fiscalía, rezaron el Rosario y cantaron tamborito.
La investigación que ya tiene ocho meses se encuentra en su fase final.
Hasta ahora existen 101 víctimas y 535 denuncias de personas afectadas por el tóxico.
