El presidente del Partido MOLIRENA, Jesús Maco Rosas, solicitó a la procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, que le brinde información sobre la denuncia que presentó ante esa instancia contra los magistrados del Tribunal Electoral.
La petición busca conocer si estas autoridades han hecho uso de sus vacaciones en los últimos 14 años, además de conocer el monto que se debe pagar y que aclare si tienen derecho a una cuota en la designación de los funcionarios del Tribunal Electoral.
"Nos dirigimos a usted con referencia a nuestra carta-denuncia, por medio de la cual formalizamos ante su despacho encuesta penal, en contra de los magistrados del Tribunal Electoral por los hechos señalados en la misma", agrega la misiva.
Rosas sostuvo que su petición se basa en "nuestra responsabilidad ciudadana y el deber que impone la Ley a todo Partido Político que se interesa por el respeto a la Ley, la transparencia y la correcta administración de justicia".
Igualmente Rosas expresa en la misiva enviada a la jefa del Ministerio Público su preocupación respecto al trámite del expediente producto de la denuncia presentada por el Partido MOLIRENA, referente al manejo de la cuenta del subsidio electoral, donde existe afectación de fondos del Estado y que se encuentra radicada desde hace poco en la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Añade que en dicho expediente existen confesiones con claros señalamientos de los implicados, pero que hasta el presente, ni siquiera se han dictado las providencias para las comparecencias de indagatorias a los responsables, ni se han atendido otras medidas solicitadas.
La denuncia de este último caso ya va para el año de haberse presentado, razón por la cual, Rosas reitera el llamado "de la manera más respetuosa", que se informe el curso del trámite.
Lo último en este caso fue la diligencia judicial que realizó la Fiscalía Undécima de Circuito en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), para que se entregara el informe del impacto ambiental de la empresa REDEPROSA, el cual no había sido remitido, a pesar de la solicitud hace meses.
La Fiscalía también solicitó una opinión sobre lo sucedido en el tanque séptico al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para verificar las medidas de seguridad.
El Segundo Tribunal Superior de Justicia, el pasado 6 de septiembre, bajo la ponencia del magistrado Luis Mario Carrasco, reveló que en las muertes de los hermanos Solís Fernández no hubo intervención de mano dolosa, al momento en que se disponían a realizar las tareas de limpieza a la cámara de drenaje de aguas de REDEPROSA.
Ante este hecho, el 22 de diciembre de 2005 fue formalizada la querella penal contra las personas o representantes legales que resulten autores o participantes por la muerte de Manuel, Luis, Aníbal y Manuel Elías Solís Fernández.
En este proceso, Claudio Borbúa fue aceptado como querellante junto a Manuel Castro Solís y Marcelina Fernández, padre y madre de las víctimas; Vivian Chavarría y Diana Palacios, dos de las viudas.
Igualmente se efectuó en al Ministerio Público una solicitud especial para que Claudio Borbúa sea sometido a un reconocimiento médico legal, como sobreviviente del accidente, ya que estuvo expuesto a la inhalación de los gases tóxicos.
Ahora se investiga el delito contra la vida, el cual se encuentra en la fase de sumarias. La tragedia no acaba, y los Solís Fernández solo piden justicia.
Los hermanos fallecieron producto de inhalación de gases inertes, amoníaco, metano, disulfuro de carbono y dióxido de azufre.
Los trabajadores fueron contratados verbalmente para recoger el sedimento de los desperdicios avícolas que serían llevados a otro lugar.
Los padres de los hermanos Solís piden a las autoridades que terminen el proceso de averiguaciones y así se haga justicia.
