La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi de Aguilera, dijo ayer estar dispuesta a declararse impedida, para conocer las cuatro demandas presentadas por miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) contra las addendas aprobadas por el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, que permitieron el aumento de la tarifa telefónica por parte de la empresa Cable & Wireless, y advirtió que los salarios de los magistrados y jueces se deben mantener para evitar presiones del Organo Legislativo y el Ejecutivo.
Franceschi de Aguilera expresó que estaría dispuesta a presentar su impedimento si existe algún tipo de conflicto de intereses, ya que su hijo Rodolfo Aguilera, funge actualmente como viceministro de Gobierno y Justicia.
De acuerdo con la magistrada, si existe alguna causal de impedimento, ella no tendría ninguna dificultad en presentar un recurso para que el resto de los magistrados de esa corporación de justicia acojan sus consideraciones.
Estableció que realizará un examen de las demandas presentadas por el PRD, y que a la fecha no ha tenido ningún problema al momento de declararse impedida para conocer algún tipo de negocio, pero que asumirá una decisión en este caso, una vez los conozca en detalle.
Por otro lado, la magistrada alegó que los salarios de los jueces y magistrados se deben mantener para impedir "presiones del Organo Legislativo y Ejecutivo". Agregó que además existe una norma legal en donde se establece que los salarios de los magistrados no pueden ser reducidos.
Dijo que esto permite una independencia judicial a los funcionarios encargados de la administración de justicia. Así se evita la existencia de elementos de presión por parte de los órganos políticos del Estado.
Alegó que esto evita se produzcan fallos bajo presión y contrarios en la justicia, estos salarios constituyen una protección para los magistrados y jueces, y estos no estén sometidos a presiones de externas.
