Los tres magistrados nombrados por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares para integrar la Sala Quinta de Garantías Constitucionales no podrán gozar de sus salarios caídos, porque no laboraron según lo establece un fallo de la Sala Tercera de lo Penal de 29 de mayo de 1994.
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, quien actuó como ponente en esa oportunidad, señaló que la ley establece de manera expresa que todo funcionario que no trabaja no tiene derecho a salarios.
El constitucionalista explicó que en la jurisprudencia de la Sala Tercera se establece que sólo se paga salarios caídos cuando los funcionarios han trabajado de manera efectiva “y si no lo hicieron, no deben cobrar”.
El martes Mariblanca Staff, quien junto a Óscar Ceville y Elitza Cedeño conformaron la defenestrada Sala Quinta, dijo que reclamará los salarios dejados de percibir entre 1999 y 2009 y que demandará al Estado por daños y perjuicios.
Staff explicó a un medio local que tras la eliminación de la Sala Quinta estuvo cinco años sin trabajar, por lo que el Estado debe reconocerle los salarios que dejó de percibir y el daño que ello le causó a su familia.
Este medio trató de buscar la opinión del ahora procurador de la Administración, Óscar Ceville, pero éste prefirió no dar declaraciones .
Se conoció que una de las posibilidades de que estos salarios sean pagados a Staff, Ceville y Cedeño, sería a través de sendas demandas que tendría que analizar la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa.
El funcionamiento de la Sala Quinta tendría un costo mensual de más de B/ 50 mil y cada magistrado devengará un salario de B/ 10,000, más B/ 1,000 en gastos de representación.
Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia establecen que anualmente la Sala Quinta tendría un costo de B/ 575,400 y sus funcionarios devengarían salarios que van desde B/ 400.00 que serían pagados a trabajadores manuales, hasta B/ 3,000 a funcionarios de apoyo.
Fuentes de la máxima corporación de justicia indicaron que a las cifras antes mencionadas habría que incluir gastos de infraestructura.
La CSJ le comunicará el 25 de enero próximo oficialmente al procurador de la Nación, José Ayú Prado y al procurador de la Administración, Óscar Ceville, sobre esta decisión.
