El Ministerio de Gobierno y Justicia confirmó ayer que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que reforma 12 artículos del Código Administrativo, con el fin de aumentar de 10 días a un año de prisión las sanciones para los que atenten contra el orden público durante protestas y manifestaciones.
El jefe de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, Fernando Sucre, argumentó que las actuales sanciones por alterar el orden público son "obsoletas", porque sólo imponen por este delito 10 días de cárcel conmutables a la misma cantidad de balboas.
"Con las reformas, la persona que incurra en alteración del orden público será sancionada con una pena que va de seis meses hasta un año de cárcel o su equivalente en dinero", explicó.
Por su parte, el secretario de defensa del SUNTRACS, Saúl Méndez, le respondió al Ministerio de Gobierno que "agrande las cárceles del país, porque el movimiento obrero continuará protestando y manifestándose por la política neoliberal de este Gobierno".
"Antes de implementar estas nefastas reformas, el Gobierno va a tener que dar tremenda batalla con el movimiento sindical, porque no nos vamos a dejar intimidar", apuntó.
