Manifestantes insistirán en reunirse con Moscoso

El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Félix Wing Solís, declaró ayer que los miembros de la agrupación cívica Campaña Ciudadana, que se oponen a la realización del proyecto Punta Pacífica por la empresa mexicana ICA, en Punta Paitilla, intentarán nuevamente hablar con la presidenta de la República, Mireya Moscoso, para que ordene la suspensión de esta obra, que consideran impedirá el saneamiento de la bahía.
"Seguiremos visitando semanalmente el Palacio de las Garzas hasta que la señora Presidenta de la República nos reciba en persona, ya que es ella, y ninguna otra funcionaria en este país, quien tiene la potestad de decidir que se negocie una modificación al contrato de concesión con la empresa ICA, eliminando de esta manera los nefastos rellenos sobre la Bahía de Panamá", manifestó Wing Solís.
Agregó que el próximo martes 18 de julio, a partir de las 9:30 a.m., nuevamente los miembros de Campaña Ciudadana se concentrarán en el Parque Catedral, para intentar hablar con la presidenta Moscoso.
"Ella (Moscoso), es la última esperanza que tenemos de salvar nuestra bahía. De lo contrario, se hará imposible el saneamiento de la Bahía de Panamá, convirtiéndola en un pantano de materia fecal y haciendo invivible la capital de nuestra nación", señaló Wing Solís.
El pasado martes, integrantes de Campaña Ciudadana se concentraron en el Parque Catedral, pero sin lograr su objetivo de hablar con Moscoso.
Esta grupo cívico lo integran los comités de residentes de San Francisco, Coco del Mar, Viña del Mar, Boca La Caja, San Sebastián, Punta Paitilla, Campo Lindbergh, Ciudad Radial, Villa Las Acacias y Pacora.
El director de la empresa ICA, Nicolás Trejo, ha reiterado que los trabajos de Punta Pacífica y la creación de las dos islas, en nada afectarán el saneamiento de la bahía.
Igual criterio comparte el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Rogelio Alemán Arias, mientras que el administrador general de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ricardo Anguizola, advierte que si se ordena la suspensión del proyecto, el Estado tendría que "indemnizar" a la empresa mexicana con unos 100 millones de dólares.