Mano de obra nacional causa desconfianza

EL PRESIDENTE de la Sociedad Panameña de Ingenios y Arquitectos (SPIA), Valentín Monforte, reveló al Panamá América que la mano de obra panameña de la construcción está entre las cinco mejores pagadas de Latinoamérica, sin embargo es una de las peores evaluadas en materia de calidad.
Los criterios, según el entrevistado, para calificar a los obreros son la falta de mano de obra artesanal, la falta de preparación y el grado de productividad.
Agregó que el trabajador de la construcción se ha politizado, en el sentido de que por medio del SUNTRACS se defienden interese ajenos a sus agremiados.
Cuando una empresa cuenta con una mano de obra deficiente, se requiere de una mayor inspección y supervisión para verificar que los trabajos queden bien hechos.
Monforte destacó que para iniciar una obra se necesita un permiso de construcción, con planos aprobados y tener el respectivo estudio de impacto ambiental aprobado por La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), de lo contrario no puede iniciar el proyecto.
Manifestó al Panamá América que el acuerdo municipal que obliga a la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, en todo proyecto que se construya en el municipio de Panamá, no se cumple.
La razones según la fuente son la no fiscalización por parte del municipio, para que se cumpla dicho reglamento. Y el motivo más fuerte, es que como estas instalaciones son muy costosa y requiere del traspaso a las autoridades, para que les den mantenimiento, el gobierno central no tiene presupuestado pagar el mantenimiento.
Según el arquitecto las quejas en materia de construcción por parte de los propietarios, responde a una deficiencia en materia de inspección, por parte del gobierno.
"El estado no está cumpliendo con la función de supervisar las obras", agregó. Y utilizó como ejemplo el caso Prados del Este, barriada que contaba con todos los permisos de ocupación por parte de las autoridades gubernamentales.
Por su parte Jaime Salas Ingeniero Municipal manifestó que las declaraciones de Monforte están totalmente alejadas de la verdad y son inexactas, ya que la fiscalización en las obras de construcción se están cumpliendo al 100%. Además no se otorgan permisos de ocupación, sin la aprobación de los planos.
Expresó que esa negligencia en el otorgamiento de servicios de ocupación no sucede en la actual administración.
En tanto, la directora de Asuntos Ambientales de la Defensoría del Pueblo, Icela Meléndez, expresó que hace falta un poder más coercitivo por parte de las autoridades gubernamentales, para que las empresas cumplan las leyes.
Cualquier proyecto para que pueda ser ocupado requiere de un permiso de ocupación, y muchas veces se otorgan sin inspección alguna.
La inspección es para comprobar que se esté construyendo de acuerdo a los planos.