El manejo irregular de fondos del seguro educativo, que desató hace algunos meses una lluvia de denuncias por parte de padres de familia y profesores, parece haber alcanzado un punto de equilibrio, tras la adopción de controles. Pero hay sectores que consideran que esas medidas no serán suficientes para garantizar la sostenibilidad de una administración eficiente de estos dineros.
De acuerdo con varios directores, si bien la libertad que tenían para ejecutar transacciones ha quedado atrás, no es menos cierto que algún director inescrupuloso buscará la manera de sacar provecho del manejo de estos recursos.
Ante las nuevas medidas adoptadas, cabe ahora una vigilancia y revisión constante de todos los pasos que se den para el manejo de los recursos provenientes del seguro educativo.
Un adecuado programa de auditorías en los diferentes centros escolares del país garantizará que los directores tengan que cumplir las reglas establecidas para el próximo año, cuando cada colegio tenga que manejar sus cuentas.
Igualmente es necesario instruir a quienes dirigen las escuelas de las nuevas reglas, ya que el desconocimiento de algunos procedimientos lleva a que los directores no hayan utilizado sus recursos.
Judy Jiménez, directora nacional del Fondo de Equidad del Ministerio de Educación (MEDUC), informó que al igual que la Contraloría, están haciendo auditorías a los colegios siguiendo el proceso normal, además de las que se realizan a solicitud en algunos casos de los padres de familia, docentes y por situaciones particulares que se han presentado en otros centros.
Si bien en el pasado existían procedimientos a seguir para el manejo de estos fondos, a través de la reglamentación de la Ley 49 y los artículos 20 y 21 de la Ley 50, por la gravedad de los problemas que se presentaron se emitió el Decreto Ejecutivo 238 del 11 de junio del 2003, que reglamenta el procedimiento por el cual se realiza la distribución, evaluación y la supervisión que debe hacerse con respecto al uso de los fondos del seguro educativo.
Ahora los recursos se están desembolsando a través de otras reglas. La Ley 49 establece que hay que crear una cuenta para cada uno de los más de 3,000 centros escolares del país. Cada escuela y colegio debe tener además una cuenta para el fondo de bienestar estudiantil y de matrícula. Muchos manejan fondos de otros ingresos, para lo cual deben abrir la cuenta de depósitos a la orden.
Pero con el fin de que este año se pudiera ejecutar el presupuesto dada la magnitud del número de escuelas que existe, se estableció una serie de medidas transitorias que solamente funcionarán durante el 2003. Para tal efecto se procedió a abrir una cuenta por cada región educativa del país, lo que significa que se abrieron 13 cuentas en las que se depositó el total de los dos fondos de cada centro educativo.
La funcionaria indicó que se ha autorizado a la Dirección Regional para que maneje la cuenta teniendo presente las solicitudes que mandan los directores de los colegios, la revisión de un funcionario de la oficina del Fondo de Equidad Educativa que se ha designado en las regionales, la firma del director regional y del refrendo de la Contraloría General de la República.
Además, se han implantado otros controles. Con anterioridad el colegio manejaba a su criterio cada uno de sus fondos de forma independiente, siendo el director quien firmaba junto al contador para efectuar las transacciones. Actualmente existe otro procedimiento, ya que cuando la compra supera los 2,000 balboas se tiene que solicitar autorización a la Oficina de Equidad Educativa.
En el pasado los directores de colegios manejaban los dineros de manera individual y los problemas surgían cuando se presentaban los informes y se verificaban. En algunos casos no se cumplía con los requerimientos establecidos. A partir del 2004, cuando el director del colegio pase nuevamente a firmar sus cuentas, lo tendrá que hacer con el director regional de educación, necesita la revisión del funcionario en la regional, la aprobación del director regional y el refrendo de la Contraloría.
El fondo que antes se repartía cien por ciento a las escuelas, sufrió una redistribución de acuerdo con la ley, con lo cual se destinó un 2% para supervisión y control y un 4% para capacitación docente.
Este 2%, explica Jiménez, ha permitido que se contraten auditores del fondo, los cuales están supervisando directamente lo que está sucediendo y no como se hacía con anterioridad, que luego de ocurridos los problemas se hacía una auditoría.
En estos momentos se está tratando que los casos aislados se vayan a verificar para garantizar que los procedimientos se cumplan y que el fondo se pueda utilizar de la mejor forma posible, explicó.
La directora nacional del fondo exhortó a los directores a hacer uso de los recursos que se encuentran en las direcciones regionales. Los dineros están depositados para ser usados por los centros educativos, pero los directores de las escuelas no cumplen con la entrega de los informes que se exigen para poder hacer los desembolsos. Señala que a pesar de que ese dinero se encuentra depositado en una cuenta, sólo se autoriza su giro cuando se cumplen los procedimientos establecidos.
De acuerdo con los informes del Fondo, este año ya se han distribuido alrededor de 13 millones 390 mil 308 balboas. Las escuelas primarias han recibido 8 millones 240 mil 230 balboas y los colegios secundarios 5 millones 150 mil 078 balboas. Se incluyen los centros del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).
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