“La violencia genera violencia”, por lo que se debe trabajar en medidas preventivas y de resocialización, señaló Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz.
“Estos mismos señalamientos los hizo en su momento el premier Daniel Delgado Diamante y otros militares, y no le funcionaron”, argumentó Jaén, en claro rechazo a las amenazas efectuadas por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, de poner mano dura contra la delincuencia.
Jaén precisó que el problema del sistema penitenciario debe ir acompañado de la resocialización y eliminar las condiciones infrahumanas en que se encuentran los privados.
Recalcó que la Ley Penitenciaria nunca ha contado con los recursos para su aplicación.
En tanto, el padre Conrado Sanjur, de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá, advirtió que los señalamientos del ministro Mulino para combatir la delincuencia son abruptos y parecen la ley de la selva”.
Sanjur reconoció que existe un grave problema de seguridad en el país que afecta los derechos humanos de los ciudadanos, pero el mismo no se solucionará con violencia y abogó por el cumplimiento del debido proceso.
Añadió que muchas veces se desean aplicar medidas en materia de seguridad que son contrarias a los derechos.
A juicio del Padre, los problemas que se dan en el sistema penitenciario son producto del hacinamiento y en algunas ocasiones de la corrupción de los propios funcionarios.
Por su parte, Jorge Giannareas, consultor y especialista en Derechos Humanos, coincidió en la necesidad de aplicar la ley, tal como lo planteó el Premier.
“Me parece muy bien que se aplique la ley, porque el país ha sufrido mucho por el incumplimiento de ésta”, agregó.
Giannareas señaló que el ministro de Gobierno ha dicho que respetará los derechos humanos, porque no entran en conflicto con la aplicación de las normas.
Consideró que no hace falta aumentar las penas a los menores.
