Mantiene suspensión de contrato entre Estado y PECC

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó una petición para levantar la suspensión provisional del contrato suscrito entre la Contraloría General de la República y la empresa Ports Engineering Consultans Corp (PECC) para el mantenimiento y operación de las boyas que sirven de ayuda a los barcos que transitan por el Canal de Panamá.
Los magistrados Jacinto Cárdenas, Arturo Hoyos y Adán Arnulfo Arjona decidieron mantener la suspensión del contrato suscrito entre PECC y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para la prestación del citado servicio, luego que el contralor Alvin Weeden presentara una demanda de nulidad contra esa iniciativa.
En su petición, los abogados de PECC solicitaban levantar la suspensión provisional del contrato e iniciar las actividades normales de la empresa, que en la actualidad es supervisada por funcionarios de la Contraloría.
La Contraloría realizó una adición a la demanda presentada en el año2002, donde se introdujeron las pruebas de los presuntos actos de corrupción en que incurrieron los ex funcionarios participantes en el otorgamiento de la concesión, siendo accionistas de la concesionaria.
El contralor Weeden entregó al Ministerio Público toda la documentación levantada por su despacho relacionada con supuestas lesiones patrimoniales por un monto de B/.6.6 millones en perjuicio del Estado.
Las diligencias realizadas por la Contraloría estuvieron encaminadas hacia los supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en el momento en que se otorgó la concesión a la empresa PECC para el mantenimiento de boyas en el área de los puertos.
En esta investigación, la Contraloría presentó una denuncia contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y luego ordenó la cautelación de sus bienes por la presunta recepción de un cheque de fondos provenientes de la repartición de dividendos de la empresa PECC y que fuera entregado a quienes promovían su reelección.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia acogió un amparo de garantías constitucionales que dejó sin efecto las cautelaciones hechas por la Contraloría. También la Corte deberá decidir si hay mérito para investigar a Pérez Balladares por este delito.