La orden de liberar a los 186 manifestantes bocatoreños, impartida por el presidente Ricardo Martinelli, no los exime de enfrentar la justicia porque la Fiscalía Auxiliar ya les formuló cargos.
El fiscal Auxiliar, Ángel Calderón, confirmó que las investigaciones contra estos ciudadanos continuarán en diversas instancias judiciales de Bocas del Toro.
Según explica, existen las condiciones para llevar la diligencia en la provincia, porque de lo contrario, personal de la Fiscalía hubiera tenido que desplazarse hacia esas áreas.
A juicio de Calderón, la próxima semana debe continuar el caso en Bocas.
Una alta fuente del Ministerio Público señaló que a estas personas se les investigará por delitos contra la vida e integridad personal, contra la libertad, contra la seguridad colectiva y contra la personalidad jurídica del Estado.
Detalló que estos delitos conllevan penas de prisión que van desde los tres hasta 25 años, no tienen conversión de penas a días multa ni tampoco medida cautelar.
Nada más por incendiarismo, que se incluye en el delito contra la seguridad colectiva, se establece una pena de 15 años, aclaró.
Medidas.
Ayer, la Fiscalía Auxiliar liberó a Ronaldo Ortiz, apodado “El Albino”, luego que la defensa presentara una solicitud de valorización.
Producto de esto, Ortiz es beneficiado con una medida cautelar que le exige notificarse los 13 de cada mes.
Por otra parte, el dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) en Chiriquí, Jaime Caballero, se encuentra detenido en espera de que la Corte resuelva el hábeas corpus presentado por sus abogados.
Se espera que hoy la Corte analice los ocho hábeas corpus presentados a favor de los dirigentes de los trabajadores.
