La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales y mantuvo la decisión del Segundo Tribunal de Justicia que abrió causa criminal contra la abogada Maribel Castillero Espino y a Dadiath Melo por la presunta sustracción de documentos de la oficina de Gilberto Boutin, que a su vez fueran secuestradas a petición de la firma Marc Harris.
Inicialmente el juzgado sexto penal había concedido un sobreseimiento a favor de las investigadas, pero a raíz de una apelación el segundo tribunal decidió abrir auto encausatorio por los delitos contra la administración pública, pero en esta ocasión en perjuicio del juzgado séptimo civil que había ordenado el secuestro de las oficinas de Boutin.
Las pesquisas se iniciaron cuando tras la orden de secuestro emitida por el juzgado civil contra las oficinas de Boutin, las sindicadas sustrajeron una serie de documentos que a la fecha no han sido repuestos.
Durante la investigación realizada por la fiscalía segunda anticorrupción se estableció que ambas investigadas se habían introducido en la firma de Boutin de donde sustrajeron documentos, instrumentos y actas que en ese momento se encontraban custodia del juzgado primero civil.
En la vista fiscal remitida a los tribunales se establecía que la acción realizada por ambas constituye delito por cuanto las oficinas se encontraban secuestradas, tanto administrativamente como en sus bienes muebles e inmuebles y que dada las circunstancias se da una equiparación entre las oficinas de Boutin y una oficina pública.
El empresario Marc Harris, detenido en los Estados Unidos, mantiene un litigio legal con el Boutin por un supuesto fraude perpetrado contra su empresa en donde se le sustrajo la suma de B/.1 millón.
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