La Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) desmintió haber recibido una orden para descautelar los bienes de la empresa Port Engineering and Consultants Corp. (PECC) y que todas las medidas dictadas por la entidad se mantienen hasta deslindar la presunta lesión patrimonial.
El secretario de la DRP, Carlos De Bello, aseguró que esa dependencia no ha recibido ninguna orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y refiriéndose a recientes declaraciones del Carlos Carrillo, abogado de PECC, señalando que esa es una interpretación antojadiza utilizada como una "argucia" por falta de argumentos.
Consideró como "incongruente" que Carrillo hable de faltantes en las cuentas bancarias de la empresa, cuando ayer presentó un escrito solicitando el inventario de los bienes cautelados y la rendición de cuentas.
Mientras que el abogado de PECC, Carlos Carrillo, alegó que luego de admitida la acción de amparo de garantías constitucionales contra la resolución de la Contraloría que cautelaba los bienes de la empresa, el magistrado sustanciador Aníbal Salas ordenó la suspensión del acto de cautelación demandado.
Asimismo, aseguró que solicitará a la Corte declarar a los magistrados de la DRP en desacato, porque a pesar de que existe una resolución sobre el descautelamiento, la DRP no acata esa decisión.
"Creíamos que era sólo el señor contralor de la República y los administradores que actúan en contra de la disposición de la Corte violando la seguridad de la empresa", concluyó Carrillo.
