Miles de panameños agrupados en gremios docentes, sindicalistas, enfermeras, médicos, estudiantes, independientes y varias agrupaciones profesionales marcharon ayer desde la Plaza Porras hasta la 5 de Mayo para exigir la restitución del profesor Juan Jované y en defensa de la autonomía de la Caja de Seguro Social (CSS). La marcha, que partió pasadas las 4:00 de la tarde, se desarrolló bajo una llovizna, pero en orden y de manera pacífica.
Como nota alegre, en medio de la marcha, un grupo de docentes llevaba una tuna que interpretaba cantos de protesta y hacían fuertes críticas y mostraban su rechazo a la gestión del gobierno de Mireya Moscoso. El dirigente sindical Saúl Méndez, quien fue recientemente liberado después de su detención durante los disturbios de la semana pasada, encabezó la marcha.
Los manifestantes coreaban consignas a favor de Jované y en contra del Gobierno, al tiempo que gritaban toda clase de insultos a los agentes de la Policía Nacional por la represión a los trabajadores de la CSS y los invitaban a sumarse a la lucha.
Correspondió a Jované ser el orador de fondo en la concentración que los manifestantes realizaron en la Plaza 5 de Mayo, al final de la marcha. Jované llegó al área rodeado de un grupo de trabajadores que hacían una "cadena humana" entrelazando sus brazos para "protegerlo" ante un posible arresto e impedir que cualquier persona se le acercara.
Unidades de la Policía Nacional mantenían un cordón de seguridad en la calle que conduce a la Asamblea Legislativa que impedía el acceso al área, mientras que desde el aire un helicóptero vigilaba el comportamiento de los manifestantes.
Jované al hacer uso de la palabra sobre plataforma o "mesa" de un contenedor, que sirvió como tarima principal, coreó consignas en contra de elevar la edad de jubilación o aumentar los años de cotización, al tiempo que criticó a los morosos y evasores del pago de la cuota obrera patronal.
Afirmó que seguirá en su lucha al lado del pueblo y advirtió que ésta y las otras acciones realizadas, se constituyen en verdaderas encuestas de carne y hueso.
También dijo que el Gobierno debe tener en cuenta que el panameño es pacífico, pero no es un pueblo cobarde y citando a Martín Luther King dijo que el pueblo tiene varios derechos fundamentales como la salud, la educación, pero sobre todo el derecho a la libertad de pensamiento y que no se puede repetir en este país que alguien vaya a la cárcel por sus ideas. De la misma manera que Jované llegó a la concentración, salió de la mano de su esposa y fuertemente custodiado por un grupo de sus seguidores.
Al respecto el sector obrero del país, liderado por Mariano Mena de la Central General de Trabajadores de Panamá y miembro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO), denunció que no confían en la promesa de la presidenta de la República y prueba de ello, es que uno de los testigos del pacto le adeuda B/.200 mil a la CSS.
Señaló que el obispo Julio Murray de la Iglesia Episcopal le adeuda B/.200 mil en concepto de cuota obrero-patronal a la institución. Denunció la existencia de fundaciones canalizando fondos para brindar servicios de salud como es la Fundación Mar del Sur y la del Instituto Conmemorativo Gorgas.
Al paso del presupuesto elaborado por la nueva administración de la CSS, el separado director Juan Jované manifestó que teóricamente ya existen servicios privatizados como es la administración del Hospital San Miguel Arcángel, y un préstamo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno por B/.24 millones para invertir en atención primaria, pero bajo organizaciones no gubernamentales.
Indicó que el presupuesto está inflado porque los ingresos no son reales, y aclaró que muchas veces acudió al Banco Nacional de Panamá para ver cómo era posible prestarle dinero a jubilados y productores a través de una banca de segundo piso y nunca fue posible.
"Todo se metió en un solo bulto de inversiones financieras, tengo la impresión que se utilizarán B/.265 millones para comprar deuda pública ahora le llaman letras o notas del tesoro", añadió. Sustentó que es inapropiado que se utilice esa magnitud de fondos para financiar al Estado.
Denunció que sí se aplicaron recortes a renglones importantes como es el Programa de Enfermedad y Maternidad en B/.9 millones, donde se redujo B/. 3 millones en medicamentos y se trasladó parte de los gastos de medicamentos para el otro año.
Explicó que los viáticos para no funcionarios (que son pacientes que venían del interior) se bajó y el gasto de traslado de pacientes al exterior, lo que significa que si alguien le sale la posibilidad de un trasplante no habrá fondos para ello.
El presupuesto presentado por el director encargado Rolando Villalaz establece un incremento en la rentabilidad de las inversiones de 2.3% a 6.5%; o sea B/.17.7 millones; en B/.25 millones la morosidad y el aporte del Estado a Invalidez, Vejez y Muerte de B/.20.5 millones a B/.33.5 millones, basado en el artículo No.2 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992. Por su parte, el director encargado de la CSS, Rolando Villalaz, dijo que gran parte de los ajustes ya estaban hechos por B/.54 millones, únicamente tuvo que aplicarlos por B/.46 millones en áreas donde se pueden hacer ahorros, como servicios personales y sobretiempos de administrativos. Sin embargo, se garantizó que no se afectarán los servicios de salud, medicamentos y las prestaciones económicas.
"Vamos a disminuir las infraestructuras físicas y reforzar los puntos del artículo 37 de la Ley Orgánica, vamos a invertir en todas las cosas que la ley nos permite", apuntó. Reconoció que dentro de las posibilidades se podrían comprar Letras del Tesoro, banca de fomento y depósitos a plazo fijos más largos.
