Luego de un exitoso año 2005 que puso de nuevo sobre la palestra a Mariah Carey, ella decide volver al cine a pesar de que la crítica no la favoreció en su primera cinta "Glitter".
Carey interpretará a una mesera en "Tennessee", dirigida por Lee Daniels, que produjo los filmes "The Woodsman" y "Monster"s Ball". Al parecer la cantante superó su fracaso del pasado y un colapso nervioso generado a raíz de su intenso trabajo.
Aclarado el carácter propositivo de los documentos presentados, toca ahora tanto a la sociedad como al gobierno asumir las responsabilidades que la siguiente etapa implica. No tiene razón de ser la actitud de alarma que nace del desacuerdo con los contenidos específicos de los anteproyectos mencionados.
Hay que proceder a la crítica que busca reemplazar lo bueno por lo mejor a través de una argumentación racional y a esclarecer el núcleo material de la reforma que se quiere llevar a cabo. En este sentido, las propuestas de la Comisión Codificadora Nacional constituyen un supuesto del proceso de reforma penal, que requiere del acompañamiento de otros supuestos.
Todos los actores que intervienen en este proceso deben reconocer sus intereses particulares y comprometerse a que prevalezcan los intereses generales sobre los particulares. Si no se anteponen los derechos de los ciudadanos a los derechos de grupo, por muy válidos que estos pudieran ser, no se estarían cumpliendo con los objetivos de cambio que se han anunciado.
Es de crucial importancia impedir que el proceso de reforma quede secuestrado por intereses subalternos, particularmente los que surgen de la burocracia judicial, cuyas pretensiones de inamovilidad en el cargo, mejores salarios, ascensos, y otros beneficios tienen un sentido perverso si no van acompañados de un régimen de carrera judicial que privilegie la evaluación del desempeño y una selección científica de los recursos humanos realmente dotados de las competencias técnicas que demanda el sistema acusatorio que se quiere implementar.
También hay que darle contenido presupuestario al proceso de reforma. Si, como ha sucedido en el pasado reciente, no se le asignan las partidas presupuestales a la puesta en práctica de la reforma, la sociedad no verá resultados positivos y el proyecto de la reforma judicial se hundirá en un mar de confusiones, lamentos y equivocaciones.
Aunque el marco normativo que rige el Presupuesto General del Estado no contempla la planificación plurianual ni intersectorial, ambos elementos son indispensables para organizar adecuadamente los cambios que deberán tener lugar en los próximos dos o tres años. Ojalá que la Comisión de Estado por la Justicia le dé prioridad a la planificación intersectorial de la reforma, pues el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, y los municipios tendrán que coordinar el ritmo de su ejecución presupuestaria, aunque normalmente lo hagan separadamente.
Un buen ejemplo de lo que no se debe hacer lo constituye la accidentada implementación de la Ley 40 de 1999 sobre responsabilidad penal de menores. La implementación de esta jurisdicción lleva seis años de retraso en el interior del país, lo que ha obligado a juzgados que no estaban capacitados, ni dotados de los recursos materiales apropiados, a aplicar un instrumento legal de alta sensibilidad social en ausencia del entorno institucional que la ley suponía. Como siempre, ha sido muy fácil para algunos echarle la culpa a la ley y no llamar la atención sobre la falta de voluntad política.
Una última observación sobre los supuestos del proceso de reforma es la claridad que la sociedad debe tener acerca de sus objetivos. El que espera que estos instrumentos "erradiquen" la delincuencia y la violencia de nuestra sociedad, comete un grave error. Estos anteproyectos solo pueden ser una herramienta para administrar el equilibrio entre dos sistemas distintos, el de seguridad ciudadana y el de garantías y derechos, pero nunca es la solución a los problemas sociales.
Nadie lo ha dicho mejor que Egidio Crotti, un funcionario de Naciones Unidas: "El equilibrio entre seguridad y garantías exige entender que no se pueden resolver los problemas sociales con la política criminal, pero también que los problemas derivados de los delitos no se resolverán automáticamente a través de políticas sociales".
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