Un grupo de marinos panameños pidió ayer al gobierno que ejecute un plan para la generación de miles de empleos en el sector, que pase por encima de intereses empresariales, y que permita una mejor distribución de los 150 millones de dólares que anualmente produce la actividad, al tiempo que exigieron que se modifique la Ley 8 que regula la actividad, la que, aseguran, les está perjudicando notablemente.
De acuerdo con Londor Agustín Ranking, representante de la Unión de Prácticos del Canal, el gobierno está ignorando la oportunidad que tiene Panamá de crear miles de empleos a bordo de los barcos, no solamente de bandera panameña sino de aquellas embarcaciones que por conveniencia transitan por el Canal.
"Lo que estamos proponiendo es que Panamá, además de ser un país de registro abierto se convierta en un país que dote a los buques de tripulaciones, desde oficiales de marina, personal de maestranza y subalternos", dijo.
Señaló que por el momento hay aproximadamente cien marinos panameños embarcados, cuando esta cifra bien pudiese hasta triplicarse, tomando en cuenta que Panamá tiene el registro abierto más grande del mundo, con cerca de 10 mil buques con bandera panameña. "Eso podría representar cerca de 300 mil trabajadores, que en estos momentos la mayoría no son panameños", destacó.
Ranking recomendó al gobierno que desarrolle una estrategia marítima para la generación de empleos con buenos salarios, que pase por encima de los intereses privados, quienes según dijo reciben entre 100 y 150 millones de dólares anuales por la actividad.
"Si eso fuera un pastel, simplemente estamos reclamando la parte que le corresponde a los marinos, quien es el que siempre se expone al peligro", precisó.
Por su parte, el capitán Luis Carlos Fruto pidió a las autoridades que analicen la derogación de la Ley 8, que asegura está limitando sus derechos como trabajadores de mar.
La ley, según Fruto, tiene 14 artículos que consideran inconstitucionales, uno de ellos hace que el trabajador labore cualquier cantidad de horas extraordinarias, elimina el décimo tercer mes, la prima de antigüedad y las indemnizaciones establecidas por el Código de Trabajo.
Aseveró que la ley también faculta a los dueños de barcos pagar o reconocer en las indemnizaciones sólo seis meses de salario sin considerar los años de trabajo laborados. Las declaraciones de Agustín Ranking y Fruto se dieron ayer en el marco de la celebración del Día Internacional del Marino.
