El directivo del Consorcio San Lorenzo, Martin Rodin, informó que sus abogados presentaron ayer un Hábeas Corpus preventivo para evitar su detención y la de otros tres ejecutivos de esta empresa, al tiempo que advirtió que la decisión del Juzgado Segundo de Colón fue precipitada.
Rodin cuestionó la orden de arresto emitida por este juzgado y sostuvo que la denuncia presentada por su padre Lew no tiene fundamento, porque éste sufre trastornos mentales.
El Juzgado Segundo ordenó detener a Rodin, Stephen Jones, Lucila Barberena y Osvaldo Zamorano. Martin Rodin explicó que su padre ha presentado 16 demandas en su contra, "todas carentes de fundamento", pero indicó que él comprende la situación mental de su progenitor.
Aseguró que dentro de la denuncia por la supuesta compra venta de 29 hectáreas de tierras en el área donde será instalado el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) no hay delito, debido a que nunca existió tal transacción ya que esos terrenos son del Estado y no le pertenecen ni a su padre ni a él.
Aclaró que su recomendación no significa que hay que abandonar el sector terciario, donde hay actividades que generan bastante empleos (turismo y actividades comerciales), sino que en estos momentos, las actividades comerciales están en decaimiento como consecuencia de una crisis económica global.
"Panamá no se escapa al Efecto Dominó como consecuencia de la crisis de Argentina, Brasil y México, que confrontan actualmente una situación de incertidumbre, sumado a los efectos causados por ocultar información contable de grandes corporaciones de los Estados Unidos", puntualizó Quintero.
A su juicio, estos elementos impiden la inversión en el país, cuya economía ha tenido un "pequeño repunte" por la transformación del sector agropecuario con exportaciones de productos no tradicionales (melón y la sandía), y la vigencia del Acuerdo 1-2002 de la Superintendencia de Bancos que bajó en 1.5 % la tasa de interés preferencial al sector agropecuario permitiendo que el costo de financiamiento de esta actividad sea menor. El informe del CEP advierte que "en los próximos tres meses (junio-julio-agosto) continuará el proceso de desaceleración en el cual estamos inmersos".
Además considera "preocupante" la decisión del Gobierno Nacional de ordenar la contracción del gasto público, ya que causa "efectos negativos" en la demanda agregada y por consiguiente, en el consumo dentro de la economía. "En función de estimaciones en perspectiva, se espera una disminución de casi 200 millones de dólares en los ingresos corrientes para el año 2002", subraya el documento.
