El candidato presidencial por el Partido Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli, aseguró ayer que su propuesta de gobierno incluye un ambicioso plan que pretende devolverle la "dignidad al pueblo colonense" mediante el trabajo conjunto entre la empresa privada y el sector público, que genere las suficientes plazas de trabajo con remuneraciones justas.
En una concentración política realizada en el Jardín Las Américas, en Gatuncillo, Vía Transístmica, Colón, Martinelli señaló que ya es tiempo que la provincia de Colón reciba una mayor atención de las autoridades de gobierno y se den las condiciones para que mejore su situación económica y salga de esa postración en que se ha mantenido de gobierno en gobierno, sin respuestas a sus necesidades básicas.
Para Martinelli, tanto en Colón como en el resto del país, el principal problema es el desempleo y es importante destacar que el próximo gobierno debe tener la suficiente capacidad y experiencia para atender con éxito este reto.
Dijo que Colón tiene una gran riqueza no sólo en la Zona Libre, sino también en otras áreas como el sector portuario, la actividad de servicio, el turismo, el comercio, la banca, la ganadería y la agricultura.
Por ello ahora se exigen el envío mensual de informes para analizarlos, en los que se descubren constantemente anomalías tales como: que no se pide autorización para el uso de fondos y la solicitud en exceso de éstos.
La funcionaria explica que hay resoluciones y procedimientos que se deben seguir para la utilización de estos recursos. Al encontrarse faltas hacen las observaciones a los directores de los centros para que apliquen los correctivos y a la vez se les pide que expliquen la razón por la cual las cometieron.
Para la jefa de la Oficina de Seguro Educativo, lo ideal sería que hubiera suficientes auditores para atender todos los colegios del país y realizar una labor preventiva y no hacerlo producto de las denuncias.
En estos momentos se tiene que atender a unos 274 colegios a nivel nacional y próximamente se añadirán 3 mil centros educativos, debido a que la nueva ley incluye a todas las escuelas oficiales ya sea básica general o premedia, puesto que se incorporan como beneficiarios del seguro educativo.
Nelson Serrano, asesor legal de la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, explica que el contador de las escuelas es un funcionario administrativo y la decisión de rotarlos, adoptada por la ministra, no es más que una disposición preventiva por las situaciones que se refieren a estos servidores.
Antes de tomar una medida de esta naturaleza, asegura el funcionario, se realiza una investigación exhaustiva, lo que implica que no se ejecutarán acciones contra estos funcionarios hasta tanto no haya pruebas de que se cometió la falta.
Las sanciones por estas faltas están contenidas en el Código de Sanciones y el decreto 6-18 del 9 de abril de 1952, que incluye cuatro tipos de penalización, siendo éstas, la represión verbal, la escrita, el traslado y, en última instancia, la destitución.
Cuando se trata de malversación o mala administración de fondos destinados a la educación, el artículo V literal F, del decreto 6-18, prevé la destitución, siempre y cuando se pruebe que el director, maestro o profesor ha incurrido en esta falta, medida que en esta dirección regional no se ha aplicado en los últimos tres años, pero sí se han dado traslados, señaló el asesor.
Un vocero de los contadores, que pidió reserva de su nombre, dijo que "los contadores no tienen la culpa ya que su trabajo es auditado regularmente por funcionarios de la Contraloría, que muchas veces ven las situaciones y se quedan callados".
Señalan que como administrativos son muy golpeados y a nadie le ha importado su situación. Por otro lado, trabajan en situaciones de riesgo, pues no tienen un seguro ante cualquier robo y ganan salarios muy bajos de entre los B/. 200 y 300. Como empleados del MEDUC están bajo órdenes de los directores de los colegios quienes son sus jefes inmediatos y a quienes responden en sus acciones.
Lo que preocupa a la comunidad es que los recursos que se están usufructuando provienen del bolsillo de todos los panameños que aportan con el seguro educativo los dineros para una mejor educación en el país.
De estos fondos, la ley establece que un 27% serán destinados para atender los centros de educación básica general y media, es decir la primaria y secundaria y se incluye ahora a los centros operados por el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).
Tal como explica la jefa de la Oficina de Seguro Educativo estos fondos deben utilizarse para el mantenimiento y reparación de los colegios, mantenimiento y compra de equipos, material didáctico y un porcentaje debe destinarse al bienestar estudiantil que atiende los programas de comedores escolares, transporte de estudiantes, asistencia a programas recreativos y culturales y donaciones a estudiantes que no se pueden costear sus estudios.
En cuanto a los montos destinados a cada escuela, la ley establece criterios específicos para la asignación de estos recursos tomándose en cuenta el número de estudiantes y las necesidades de los colegios.
El factor dominante es el número de estudiantes y el monto que se asignaba era de cien balboas por alumno, pero con la nueva ley, dado que se incrementa el número de centros, se estima que será de unos 30 balboas, ya que el presupuesto que se emplea es el mismo, pero se incrementa la cantidad de beneficiarios.
A la fecha, a los nuevos centros que se adhieren no se les ha hecho los desembolsos correspondientes porque se encuentran en la etapa de reglamentación de la ley y se atiende a los planteles que estaban dentro del sistema.
En cuanto a las nuevas formas de manejo de estos dineros que estipula la ley, Jiménez considera que con los controles que se aplicarán se podrá prevenir que situaciones de malversación se vuelvan a presentar. El interés en este caso es prevenir que no se vuelvan a presentar.
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