Mientras que la Comisión Investigadora de los hechos acontecidos en Bocas del Toro concluyó que "la principal causa" de los disturbios registrados en julio pasado fue la Ley 30, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, responsabilizó a un “partido de oposición y a un sindicato” de ser "culpables".
Una vez recibió el informe, el mandatario le dijo a la comisión, que él mismo nombró, que "habían tenido miedo de decir que los verdaderos culpables fueron un partido de oposición y un sindicato que no tiene nada que ver con el área".
"Yo no tengo miedo", expresó Martinelli en la cara de los comisionados.
"Lo más fácil es culpar al Estado, cuando los verdaderos responsables fueron ese partido opositor y el sindicato", a los cuales el gobernante hizo referencia en varias ocasiones, pero no identificó.
Sin embargo, Martinelli aseguró que "esto no volverá a suceder en Panamá", al reconocer que hubo alguna responsabilidad de parte de los organismos de seguridad y la Policía Nacional en el manejo de la situación.
En tanto, Roberto Troncoso, presidente de la Comisión, rechazó que hubiesen tenido "miedo" y dijo que respeta las consideraciones del mandatario, pero responsabilizó a las circunstancias, a la aprobación de la Ley 30, así como el manejo de parte de las autoridades civiles y policiales de los hechos violentos.
La comisión concluyó que hubo un manejo "imprudente e inaceptable" de parte de las autoridades civiles que fueron "incapaces" de transmitir a tiempo y con mayor certeza al Gobierno Central la magnitud de los hechos, así como de propiciar un diálogo con las partes en conflicto.
Además, que el Consejo de Seguridad no cumplió con su responsabilidad de brindar información fidedigna a las autoridades, lo que acarreó consecuencias negativas para el manejo de la crisis.
También se establece que producto de los incidentes violentos hubo dos muertos directos, dos indirectas que deben ser investigadas, más 700 heridos de perdigón, más de 60 afectados en la vista, daños materiales a oficinas públicas y privadas, así como a autos particulares y del Estado.
La Comisión logró constatar el quebrantamiento de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad personal, libre tránsito, acceso a alimentos, atención de salud oportuna, privación de la libertad y retención de personas contra su voluntad.
En el informe, que consta de 500 páginas, se estipula que la intervención de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, en lugar de "atemperar" los incidentes provocó que se "exaltaran".
Una vez presentado el informe, los comisionados recomendaron un proyecto de Reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que excluye a las personas que participan en delitos comunes.
