Las agrupaciones ambientalistas se siguen sumando a las medidas de presión en contra del proyecto carretero del Camino Ecológico Boquete-Cerro Punta, pese a que continúa avanzando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Enzo Polo, vocero y asesor legal de las agrupaciones, indicó que no sólo se mantiene la oposición, sino que cada vez crece el apoyo de otras organizaciones para evitar que se construya el camino.
En cuanto a las acciones judiciales, explicó que se han interpuesto dos demandas: la primera por el fiscal del ambiente, Giovanni Olmos, en contra de la resolución 123 y 10; y la segunda por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) por nulidad dentro de la esfera de lo contencioso administrativo que le corresponde atender a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Expresó que tienen temor que la Corte rechace la demanda, porque ha sido interpuesta contra la resolución 123, en vez del contrato que es el que se considera como el acto administrativo definitivo.
Dijo que las resoluciones por si solas no producen ningún efecto, pues únicamente son actos preparatorios que conducen o facilitan contratar directamente a la Constructora Urbana S.A.
Indicó que este tipo de proyectos una vez finalizados producen efectos negativos en el ecosistema, ya que iniciarían las acciones de tala y movimientos de tierra.
Apuntó que en la zona existen bosques nubosos que permiten el abastecimiento de las fuentes de aguas para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, además de especies exóticas.
Manifestó que si el Gobierno insiste en construir la carretera estará cayendo en un error y generando un problema internacional, pues se trata de un área incluida dentro de la biodiversidad que se considera patrimonio de la humanidad.
Subrayó que en estos momentos están tratando de agotar los recursos legales nacionales y a su vez informando a las organizaciones internacionales que tienen convenios con Panamá, por lo que esperan las resoluciones por las demandas interpuestas.
Polo dijo que tienen esperanza que las autoridades recapaciten o bien la Corte a favor de las agrupaciones ambientalistas.
Por su parte el vocero de los ambientalistas, Demetrio Miranda, reiteró que definitivamente con los antecedentes la carretera no es conveniente, por las consecuencias futuras.
Indicó que hasta que se entregue el estudio de impacto ambiental, los organismos ambientales mantendrán sus protestas pacíficas a través de las caminatas por el sendero para consolidar los esfuerzos y prepararse con base para la participación en los cabildos una vez se inicie la consulta pública.
El EIA se efectúa desde hace dos meses y se espera que a finales del presente año haya culminando, aunque de acuerdo a Miranda, no hay una empresa que pueda justificar una carretera por ese sector.
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